La Fiscalía remite al Tribunal Superior de Madrid la ampliación de la denuncia a Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz. La SEPI no dará un euro más si no se aclara los conflictos judiciales abiertos tanto en Buenos Aries como en Madrid.
El titular del Juzgado nº 35 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Antonio Mata Ramallo, presidente de Aerolíneas Argentinas, y contra su socio en la compañía Romana Playa, Ruiz Espejo, por el Caso Aerolíneas, que se tramita en los juzgados argentinos y, desde hace 3 meses, en los españoles.
De esta forma, se cierra el cerco judicial sobre el Caso Aerolíneas Argentinas y la gestión de Marsans al frente de la compañía aérea de bandera del país austral. El erario público español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha gastado cerca de 3.000 millones de dólares en Aerolíneas, sin que esta compañía haya salido de una situación agónica. El último paso fue el regalo que la SEPI hizo, tres años atrás, con un Gobierno Aznar, a Viajes Marsans para que reflotara Aerolíneas. En definitiva, el Estado español regaló Aerolíneas a Marsans y, además se les prometieron 758 millones de dólares, de los que ya se les han entregado a Pascual, Díaz y Mata 673 millones.
Lo que la juez española investiga ahora es el destino de una parte de ese dinero, en concreto de los 246 millones de dólares de dinero público español que supuestamente iban a servir para pagar las deudas de Aerolíneas con Repsol (a quien debía 56 millones de dólares) y con los bancos Citibank, SCH y BBVA, a quienes adeudaban otros 190 millones de dólares. Aquí cobraron todos los grandes acreedores y las deudas se les endosaron a la propia Aerolíneas. En pocas palabras, los acreedores minoritarios acusan a Marsans de no utilizar ese dinero para pagar los pasivos, sino que esas deudas se subrogaron, a través de las sociedades Romana Playa (propiedad de Mata) y de Air Comet, filial de Marsans. Por decirlo en pocas palabras, los acreedores cobraron pero no con el dinero aportado por la SEPI para ello, sino con cargo al pasivo de Aerolíneas, cuya situación financiera habría quedado, de esta forma, muy dañada.
Precisamente, coincide en el tiempo la imputación de la juez española a Mata con la personación del Gobierno argentino en los tribunales, quien quiere saber por qué razón una compañía reflotada con dinero público español continúa teniendo deudas en su pasivo.
Por tanto, la juez, que sí ha dado pábulo a los acreedores minoritarios de Aerolíneas, llama a declarar a Mata y a su socio por presuntos autores de unos delitos de estafa procesal, delito fiscal y falsedad documental. Pero el asunto no acaba ahí. El abogado Rafael Caro Moyá, que representa a los minoritarios, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una ampliación de la demanda contra Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, como principales accionistas de Air Comet. Con fecha de 17 de enero de 2005, la Fiscalía hizo suya la acusación y trasladó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así, este Tribunal enviará una representación de la Abogacía del Estado al Juzgado 35 para que esté presente en la declaración de Antonio Mata. Todo hace presagiar que Pascual y Díaz también serán llamados a declarar.
Una de las cuestiones que más ha dilatado el Caso Aerolíneas es la decisión de la propia SEPI de no hacer público el contrato de venta de Aerolíneas de Marsans. Pero en el contrato figuraba una cláusula según la cual, a petición de la autoridad judicial, la SEPI haría público el contrato. Así lo ha hecho, y ahora se ha sabido que la cuenta a través de la cual se canalizaban los fondos públicos españoles a Aerolíneas estaba controlada por Juan Gurbindo, directivo de la SEPI y hombre clave en todo el proceso, realizado bajo el Gobierno Aznar. Se trata de una cuenta del BBVA radiada en Nueva York.
El hecho de que la SEPI se niegue a desembolsar los 85 millones de euros da idea de que no está dispuesta a aportar ni un euro más mientras no se aclaren las posibles responsabilidades judiciales de Marsans. Zapatero, además, tiene un especial interés en que el Caso Aerolíneas no quiebre aún más las relaciones políticas hispano-argentinas.
La razón por la que el Caso Aerolíneas no ha tenido mayor proyección pública está relacionada con el hecho de que Viajes Marsans y Spain Air son dos de los principales anunciantes publicitarios en España. Por otra parte, Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual son dos destacados empresarios integrados en la cúpula de la patronal con buenas relaciones tanto en el PP como en el PSOE, especialmente en el primero y con muy buenos contactos con la Casa Real.
