Le dan el alta médica el 1 de septiembre y, naturalmente, su empresa paga religiosamente las cuotas sociales desde ese día. En marzo, seis meses después, recibe un requerimiento para presentarse ante un Tribunal médico y demostrar que sigue de baja. Gran estupor: el acusado debe demostrar la acusación, principio básico cuando tratas con la Administración pública. Requisitoria oficial, absolutamente impertinente donde el error es del funcionario pero la culpa se le achaca al trabajador.
Primera molestia: es la víctima quien se ve obligada a presentarse en la Seguridad Social con el papel que justifica que ya fue dada de alta desde septiembre, con el volante sellado ¡por la propia Seguridad Social!
¿Disculpas? Ni mucho menos. Se le asegura que aunque ha habido un fallo de mecanización, es decir, que un burócrata negligente no introdujo los datos en el ordenador, la víctima debe hacer lo siguiente:
1. Realizar una declaración de que su estado de alta es desde el 1 de septiembre, con una fotocopia adjunta del documento que la propia Seguridad Social debía haber mecanizado y no hizo.
2. Presentarse ante un Tribunal Médico asegurando que goza de buena salud, como lo prueba el informe sanitario, asimismo sellado por la Seguridad Social, en septiembre. Incluso -compasivo que es el Estado- le permiten no presentarse físicamente -dado que está trabajando- pero está obligado a llamar por teléfono ese mismo día al susodicho tribunal. Un teléfono en el que, como siempre ocurre con los funcionarios, nadie responderá, si responden nadie sabrá de qué estás hablando y, cuando lo sepan, exigirán un requisito ulterior.
A todo esto, la Tesorería del mismo departamento ministerial (Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, señor Celestino Corbacho) cobra religiosamente las cuotas que desde septiembre le paga la empresa del trabajador, y pobre de ella como se retrase. Es decir, que el ciudadano y las empresas deben financiar la estupidez de los funcionarios del Ministerio de Trabajo u órgano autonómico transferido.
Otrosí, ese trabajador no tiene asegurado su puesto de trabajo en la empresa privada. Si no funciona, le despiden. Al funcionario inútil que le acosa y se cachondea de él, no le van a despedir aunque se dedique a tocarse la barriga durante toda la jornada de trabajo que es lo que hacen muchos de ellos.
Cada vez que un partido accede al poder siempre hay un ministro que asegura a los suyos: no tratéis de cambiar a los funcionarios, es imposible. Lo malo es que la máxima de Gobierno no suele quedarse ahí. Los políticos, presas de un síndrome de Estocolmo ante los burócratas, les dejan hacer, y así se perpetúa la tiranía grosera de quien se comporta como un déspota con los elementos productivos de la sociedad, con los que les pagan su sueldo.
Son los funcionarios sinvergüenzas. Y no se me diga que generalizo en el insulto, dado que no me queda otra opción que generalizar. Es más, muchos funcionarios honrados -es decir, aquéllos a los que no les entra la risa cínica cuando les hablas del servicio al público o de bien común- también deberían asumir su parte de culpa, porque se comportan como el señor Arzallus respecto a ETA: unos menean el nogal y otros recogemos las nueces.
Son los mismos funcionarios que, si comentan esta información ni por un momento aludirán a la humillación del contribuyente y razonarán, por seguir con el símil etarra, aquello de algo habrá hecho.
Hablando de sinvergüenzas. La vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, campeona del síndrome de Estocolmo, firmó un acuerdo con los sindicatos que mantenía el poder adquisitivo. Se trataba de hacerse una foto y una buena filmación de TV. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, al que no le salían las cuentas, dijo que habría que congelar el salario de los funcionarios, mientras su jefa, Elena Salgado, aseguraba lo único que se puede hacer con los funcionarios, sólo que de forma gradual: que desaparezcan, según los cambios una entrada por cada diez salidas. Como consecuencia, la bronca entre ambas fue de órdago: se impuso la mala leche de Teresita, que es lo que le va a ZP, pero se acabará imponiendo el -en esta ocasión y sin que sirva de precedente- sentido común y obligatoriedad de Salgado. No nos engañemos: la única solución para el lastre burocrático es terminar con los burócratas, reducir los organismos públicos a su mínima expresión. No lo hacen de golpe, claro, porque perderían las elecciones, pero sí de forma gradual: ya lo están haciendo.
¿Privatizar las empresas públicas? ¡Anda ya! Los trabajadores de empresas públicas, aunque con menor intensidad que los de compañías privadas, están obligados a competir, porque el mercado azuza y la gestión privada se ha introducido en las compañías públicas.
No, la única solución contra la lacra funcionarial es acabar con los funcionarios, dejarlos reducidos a su mínima expresión. No hay que privatizar las empresas públicas: lo que hay que privatizar son los ministerios. Sólo aquellos organismos públicos que tienen un sentido vocacional (sanitarios, maestros, militares, etc.) pueden resultar medianamente eficientes para el bien común.
Y hay trabajo, porque el Estado de las autonomías multiplicó en España el número de funcionarios. Pero no se preocupen: ningún partido político se atreverá a colocarlo en su campaña electoral. Lo habitual es lo de Teresita: seguir pagando la ineficiencia para tener a los funcionarios de nuestra parte. Yo trabajé 35 días en la Administración pública. Cuando entré, mi predecesor me dio este consejo: Tu poder es proporcional al número de funcionarios que tienes a tus órdenes. No le hice caso, me propuse justamente lo contrario: reducir puestos inútiles, no con despidos o marginaciones, sino proponiéndoles alguna tarea útil. Por eso duré 35 días en el cargo.
A todo esto, el nuevo plan anti-fraude del Gobierno comprende el intercambio de información entre Seguridad Social, Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo. Pero, hombre, si ni tan siquiera es capaz la Seguridad Social de pasarse información entre sus propias divisiones, entre las que fechan las bajas laborales y las que cobran las cuotas. Mucho me temo que ese intercambio de información no servirá para recuperar dinero defraudado pero, a cambio, sí atentará contra la intimidad del ciudadano, actividad ésta en la que el Estado se muestra especialmente eficaz.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
