- Algunas regiones han establecido requisitos adicionales, que no se contemplan en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ni en la normativa europea.
- Unos requisitos extras que no hacen otra cosa que ser una traba a la hora de abrir un nuevo comercio.
- La Ley de Garantía de Unidad de Mercado exige que se cambien estos requisitos, puestos por las CCAA y que sólo existan los "mínimos imprescindibles".
- El secretario de Estado de Comercio ha sido políticamente correcto y no ha desvelado qué autonomías tienen que hacer más deberes en la modificación de sus exigencias.
En la mañana del martes se ha celebrado la intensísima conferencia sectorial de comercio interior, en la cual han participado las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). En la larguísima reunión, presidida por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (en la imagen), que ha comparecido posteriormente en rueda de prensa a última hora del mediodía, se han tratado dos puntos principales: las complicaciones que provoca la nueva ley de garantía de unidad de mercado y los resultados del plan integral de ayuda a la competitividad del comercio minorista. La nota de color la dieron, una vez, Catalua y el País Vasco, reticentes a cambiar sus normas sobre apertura de centros comerciales, muy criticadas por el Gobierno por la excesiva burocratización que implican.
El primero de ellos ha sido la aprobación de un plan de evaluación normativa en el ámbito del comercio interior, de acuerdo a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que está en vigor desde el año pasado. En relación a esto se han referido en la reunión las numerosas trabas administrativas y normativas para la apertura de nuevos establecimientos, que existen en algunas autonomías. Ya que algunas regiones han establecido requisitos adicionales, que no se contemplan en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ni en la normativa europea.
Un ejemplo de esto es que se han detectado 37 normas que son contrarias a la normativa estatal, entre ellas la exigencia en una región de una primera licencia del ayuntamiento y una segunda de la CCAA para poder abrir un nuevo establecimiento. Asimismo en algunas se exige un plan de conciliación de la vida laboral de los trabajadores.
La citada ley exige que se cambien estos requisitos, puestos por las CCAA, y que solo existan los "mínimos imprescindibles". En esto, García-Legaz ha recibido el apoyo de las autonomías para la puesta en marcha del plan de evaluación en el comercio interior, excepto el de País Vasco y Cataluña, que se han opuesto.
Estas dos regiones no están de acuerdo y han procedido a recurrir el planteamiento de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, "pero esto no implica que no se tenga que cumplir en todos sus extremos", ha señalado García-Legaz. "El Ministerio de Economía va a exigir su cumplimiento", ha añadido de forma tajante.
El secretario de Estado de Comercio ha reiterado que se ha transmitido a las autonomías la "necesidad de que no establezcan más requisitos que los exigidos por la ley" y, a pesar de las objeciones, la mayoría ha respaldado la propuesta, a excepción de las dos ya señaladas.
Además se ha anunciado que algunas regiones harán cambios en sus normas para que no se exceda en la exigencia de requisitos que, "de facto son un obstáculo para la actividad empresarial y por lo tanto, para la creación de puestos de trabajo". El secretario de Estado de Comercio ha sido políticamente correcto y no ha desvelado qué autonomías tienen que hacer más deberes en la modificación de sus exigencias, para lo que dispondrán de un plazo de seis meses. "Ellas conocen esta información y eso es lo relevante, no hacer listas negras de quien tiene que hacer más deberes", ha puntualizado.
El segundo aspecto tratado ha sido el análisis de los principales resultados del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España del año 2013 y proceder a presentar su borrador para este año. En relación a esto García-Legaz ha comentado que el balance de 2013 es positivo, aunque se han señalado comentarios para mejorar. Entre los datos, las líneas ICO financiaron 31.404 operaciones el año pasado, un 18% más que en el 2012.
Cristina Martín
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