Primera lectura por parte del Consejo de Ministros de la Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación. La ministra de Sanidad, que asume también ahora las funciones de Igualdad, presentó a la prensa un borrador muy general y trató de poner el acento en la necesidad de garantizar la no discriminación, por ejemplo, de las personas enfermas.
Sin embargo, como ocurrió con la presentación de la Ley de muerte digna, el Ejecutivo colará de rondón algunas medidas que sirvan para imponer una vez más la ideología de género. Por ejemplo, amplía las definiciones de discriminación (nacimiento, origen racial y étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social) y la forma en que ésta puede producirse. De modo que cuando se considere que ha habido inducción, orden o instrucción de discriminar, una persona física o jurídica puede ser sancionada. ¿Qué se entenderá por inducción? ¿Declaraciones que puedan ser interpretadas como origen discriminación? ¿Decir la Chacón induce a discriminación? ¿Hablar de que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es antinatural promueve la discriminación?
Para ello, la ley contempla la creación de un órgano independiente que preste asistencia a los afectados, pero que se encargue de investigar por su cuenta para llevar los casos bien mascaditos ante los tribunales. Una vez más, el Ejecutivo asumirá funciones tradicionalmente asociadas al Judicial. Los Comisarios de Igualdad promoverán la conciliación, pero también ejercitarán acciones judiciales para defender la ley.
Y en medio de este barullo, una de las claves de la ley es que se invertirá la carga de la prueba, de tal forma que sea el acusado quien tenga que demostrar que no discriminó y no el acusador quien ponga sobre la mesa los fundamentos de su denuncia.
Lo más lamentable es que esta ley esta considerada como uno de los textos clave para el Gobierno en la solución de la crisis y es por ello que se ha iniciado su tramitación. Digámoslo ahora que todavía no es delito: en plena crisis, el Ejecutivo insiste en la ideología de género.
Mariano Tomás
mariano@hispanidad.com
