Las asociaciones gestoras de derechos de autor presumen abiertamente de haber llevado a jueces, fiscales y secretarios judiciales a su terreno. Han organizado seminarios, jornadas y cursos de propiedad intelectual con el apoyo del Ministerio de Justicia. Dos asociaciones catalanas denuncian estas prácticas ante el CGPJ. Califican al canon de "impuesto predemocrático". De aprobarse el canon, se crearía un ‘top manta tecnológico'. La SGAE puede convertirse en la ONCE actual: privilegiados abusadores
El pasado sábado 15 fue registrada en la delegación del Gobierno de Barcelona una denuncia deLa denuncia tiene particular interés por haber sido presentada en Barcelona, ciudad donde se concentra la mayor parte de la industria que el canon pretende gravar. Los pequeños fabricantes están concentrados en un barrio como en la calle del sonido madrileña, la calle Barquillo. Los denunciantes consideran que ha existido "financiación irregular de la judicatura", lo que en su opinión, pone en solfa las garantías de los particulares.
Censuran que el CGPJ conveniara o permitiera conveniar con las principales entidades de gestión de derechos de autor (SGAE, EGEDA, AISGE, AGEDI o AIE) para la formación de funcionarios, así como "premios" y "honorarios" ofertados a los que quieran colaborar o formarse "de conformidad a los intereses de las sociedades gestoras de derechos".
Así han conseguido, según reconoce el mismo vicepresidente de EGEDA que los jueces y magistrados "hayan dictado las debidas sentencias condenatorias". EGEDA también reconoce la necesidad de "invertir" parte de sus ingresos en "labores promocionales". Ya sabe, toda inversión tiene un retorno... En el boletín informativo de EGEDA reconocen que llevaban tiempo tratando de entrar en el mundo de la judicatura. "No había modo". Hasta que el año pasado optaron por organizar cursos de formación para jueces, secretarios judiciales y fiscales. "Ahora podemos decir que ese grano se ha extirpado", reconocen. Inversión rentabilizada. Es el convenio con la Escuela del Ministerio de Justicia.
Más. La Asociación Jueces para la Democracia recibió financiación para realizar un congreso en Valencia sobre propiedad intelectual. El tema estrella, por supuesto, el canon. ¿Clausura? El director general de la SGAE. Buen rollito. También la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Asociación de Secretarios Judiciales recibieron trato similar. "Estamos ante una realidad en la que unos particulares pagan directa o indirectamente a funcionarios públicos para obtener, al final, resoluciones judiciales a su favor", concluye el escrito.
"El canon es un impuesto predemocrático, son las bufandas del franquismo", señala a Hispanidad el abogado de los denunciantes Josep Llover, quien reconoce que no le consta financiación directa a los jueces, pero considera que la SGAE y demás asociaciones gestoras de derechos de autor, "han roto la baraja por la parte más débil: el tercermundismo de la Justicia”.
Además, Llover cree que el efecto del canon será la creación de un mercado ‘negro', el tipo manta tecnológico. Su posición es clara: no hace falta canon, y si tiene que haberlo, deberá gestionarlo una institución oficial y no una entidad privada que está siendo investigada por presuntos delitos ante la Fiscalía Anticorrupción.
La impresión de llover es que la SGAE se puede convertir en la ONCE de los años 80. "Los ciegos tenían unos privilegios, pero abusaron", concluye.
