El pasado fin de semana, el presidente del PP, Mariano Rajoy planteaba algunos ajustes sobre la Carta Magna para evitar la desmembración de España y el Estado residual. Se trata argumenta Rajoy- de evitar que el Estado se vea emparedado entre las competencias de la UE y de las CCAA. Por ejemplo, señala que la representación internacional debe de ser exclusiva del Estado, que el agua se debe gestionar de acorde al interés general y que se debe de garantizar la unidad de mercado y el derecho de los padres a educar a sus hijos en la lengua que estimen oportuna.
El PSOE comparte los últimos criterios. De hecho, De la Vega ha señalado en varias ocasiones que el agua es un asunto de Estado y que el gobierno la gestionará acorde al interés general y al equilibrio entre los intereses de los territorios. Y para educar: trasvase Tajo-Segura casi todos los consejos de ministros.
Sin embargo, en el asunto internacional, el tema es más delicado. El gobierno no se ha pronunciado, pero ha dejado que el Estatut blinde las competencias internacionales sin permitir que el Estado firme un acuerdo que pudiera afectar a competencias autonómicas. Por supuesto, el resto ha ido detrás, chupando rueda, incluida Andalucía. Y aquí es donde se plantea el pastel. Si Rajoy fuera coherente, argumenta el presidente de la Fundación Unidad Diversidad, Juan de Dios Dávila, el PP debería de votar en contra durante su tramitación el 20 de diciembre. En caso contrario, avanzará la ruptura de la solidaridad, señala Dávila.
Además, aunque el PP defiende el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen en la lengua que deseen, el art. 10 del nuevo estatuto andaluz contempla la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad andaluza en todas sus variedades. Y que conste que no estamos de carnaval. Aunque lo parezca.
