- De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis.
- De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufre 'penalización en el empleo', el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud.
- El 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo.
- "Las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente las desarrolladas a partir de mayo de 2010, han supuesto una regresión en las políticas sociales", denuncia Cáritas.
- Añade que "los recortes en servicios sociales y bienestar son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020".
- Fortalezas de la sociedad española: la solidaridad familiar y las redes de ayuda.
El Informe entra de lleno en el análisis del modelo de desarrollo social, en el que destacan los altos niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un sistema de prestaciones reducido, poco protector en el tiempo y que no se adecúa a las necesidades de los hogares en función de sus características.
Según Cáritas, "si el crecimiento era el 'buque insignia' de ese modelo social antes de la crisis, ahora estamos en un momento en el que son las necesidades de ajuste las que guían las decisiones políticas y las que construyen nuestro imaginario colectivo. De nuevo, se queda fuera del foco la necesaria incidencia sobre los elementos estructurales que están en la base de un modelo a reformar".
Se señala cómo los efectos de la crisis en la renta en nuestro país son preocupantes, ya que el porcentaje de hogares afectados simultáneamente por problemas de privación material y de pobreza monetaria ha aumentado casi un 50% en los últimos años.
Además, la crisis no ha afectado a todos por igual, ya que se ha cebado con las rentas más bajas y ha afectado a la convergencia territorial entre Comunidades Autónomas, que se ha ralentizado. De hecho, se dan diferencias sustanciales en la incidencia de la exclusión social en territorios con niveles de riqueza similar.
De la envergadura de este deterioro da cuenta el hecho de que el núcleo central de la sociedad española considerado en situación de integración social plena es ya una estricta minoría y en la actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba el 50%.
Esto significa que la población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis.
La precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud.
En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño las más afectadas, sobre todo familias en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.
Asimismo, se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad de la juventud. Dos datos: el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo. Como se indica en el Informe, en cierto sentido puede hablarse de una «generación hipotecada».
El VII Informe FOESSA señala la existencia de una «generación expulsada» de trabajadores para los que ha mermado el tipo de puesto que desempeñaban y cuya cualificación es escasamente aplicable en otros sectores.
En la actualidad, la tasa de trabajadores excluidos se sitúa en el 15%. Y puede decirse que el trabajo deja de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio de vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal.
Al analizar los efectos de las políticas de austeridad tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, la investigación confirma que "los recortes en servicios sociales y bienestar son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020".
Al mismo tiempo, otros derechos, como sanidad, educación, protección social y apoyo a la dependencia presentan condiciones de acceso cada vez más restrictivas.
Para los autores, la conclusión es clara: las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente las desarrolladas a partir de mayo de 2010, han supuesto una regresión en las políticas sociales.
En lo que atañe a la evolución de la política de cooperación, el Informe constata que esta ha tenido una evolución de crecimiento y desplome tan intensos que no tiene comparación posible con ninguna de las demás políticas de la administración, ni con el comportamiento de ningún otro país donante.
En cuanto a la inmigración, se indica que el modelo vigente resulta rígido y atomizado. La gestión actual de los flujos migratorios, además de implicar una abusiva instrumentalización de seres humanos vulnerables, genera ineficiencias económicas muy claras, como la pérdida de ingresos fiscales por la proliferación de la economía sumergida vinculada a la falta de documentación, la posibilidad de elevar la explotación laboral de los trabajadores irregulares y, de rebote, empeorar las condiciones del resto, o la imposibilidad para los países menos adelantados de aprovechar las oportunidades de la globalización.
Sin embargo, el Informe dedica también una buena parte de sus análisis a poner en valor las fortalezas que muestra la sociedad española y las oportunidades que ese capital social ofrecen para la necesaria regeneración.
Se identifican capitales sociales como las de la solidaridad familiar y las redes de ayuda, que, aunque con cierto riesgo de debilitamiento, resisten a pesar del largo impacto de la crisis. Se trata de un reforzamiento que responde, en buena medida, a la retirada de los mecanismos de apoyo social basadas en las políticas públicas.
Dentro del sistema familiar, llama la atención el cambio del papel de las personas mayores que pasan de ser "cuidados" a reforzar su papel como cuidadores. Su apoyo al resto de la familia se ha convertido en fuente de seguridad, por factores como la pensión, la vivienda en propiedad y la conservación de las relaciones familiares. Y se advierte de que todo lo que mine estos tres elementos pondrá en peligro una de las principales mallas de seguridad de nuestra sociedad.
Asimismo, en el Informe se da cuenta de la emergencia de una gran cantidad de iniciativas de voluntariado y de la acción colectiva, de experiencias de intercambio y colaboración recíproca, que recanalizan las energías asociativas.
Y aunque hay una parte del capital social y cultural que se ha destruido, existe otra que está evolucionando, recreando redes, redescubriendo valores y regenerando las instituciones. Estas nuevas iniciativas se apoyan en dinámicas de capital digital.
Los autores no dejan fuera del foco de la investigación las actuales dinámicas sociales, en las cuales están fermentando nuevos modelos sociales que, aunque todavía no presentan una propuesta alternativa de vida colectiva, sí que permiten cuestionar y vivir de forma real lejos de las lógicas de la privatización, la individualización y la mercantilización.
En el VII Informe de la Fundación FOESSA también se realizan propuestas, como considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados que permitan un diagnóstico riguroso de desarrollo social.
Se propone también evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene sobre estos indicadores, con especial atención las políticas que contribuyen al auténtico desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza y garantía de ingresos.
Igualmente, conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a través de un sistema de «garantía de mínimos».
Asimismo FOESSA propone desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que no quede reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas.
También, construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media europea. A este respecto, los impuestos no pueden quedar al margen de la obligada cohesión social, ya que no es posible mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de calidad sin la aportación de todos los ciudadanos al mismo, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio.
Se destaca también la necesidad de considerar el gasto social como «inversión social», dando prioridad a aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad, como sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas; eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los servicios públicos como por el impacto de la crisis; desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar; y poner en marcha de una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de los peligros latentes hoy y de especial gravedad para el futuro.
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
