Sr. Director:

El sábado 30 de noviembre de 2002, usted declaraba al diario El País que "la sociedad vasca tenía una deuda de carácter ético, político y económico contraída con los luchadores por la libertad y la democracia que padecieron la represión franquista."

Retomando sus palabras e invocando simplemente a la Ley de Derechos Humanos, quiero preguntarle: ¿Qué clase de ética preside la gestión de su Departamento cuando se ha dado largas de manera reiterada a un colectivo que en todos los casos supera los 85 años (muchos fallecidos en esta espera), que lleva aguardando un gesto desde 1.939 y que ya se vio defraudado en sus expectativas en 1.992 con ocasión de una iniciativa similar que promovió el PSOE y que también resultó fallida en la mayoría de los casos?

¿Qué clase de ética lleva a rechazar certificados perfectamente documentados y acreditados de encarcelamiento en colegios, fábricas, hospitales, y otros muchos lugares habilitados por el régimen especialmente para los prisioneros políticos porque ya no cabían en las cárceles ordinarias?

¿Qué clase de historiadores ha contratado su Consejería que rechazan las solicitudes en las que no consta explícitamente el delito por el que algunos pasaron varios años en prisión, cuando es de todos conocido (a poco que se consulten las crónicas) que la gente era encarcelada sin motivo ni razón, en muchos casos por rencillas entre vecinos, por denuncias no fundamentadas o simplemente por expresar una opinión?

Señor Madrazo, no pretenda que gente que fue encarcelada entonces sin saber de qué se le acusaba, acredite ahora el delito por el que les detuvieron cuando, en la mayoría de los casos, nunca se hizo constar en registro alguno. Es duplicar su pena con un nuevo escarnio e imposibilitar el cierre definitivo de una herida que la buena fe de su Consejería ha pretendido cicatrizar.

Ascensión Clavero

j.a.urresola@wanadoo.es