Reina el caos en el Gobierno. Con las pensiones se hicieron un lío. Con los impuestos, tres cuartas partes de lo mismo. Ahora se debaten entre si la medida debe afectar o no a los empleados de empresas públicas. Y no son pocos; según CCOO la cifra ronda el millón de potenciales afectados. El debate es doble. En primer lugar, tratar de echar agua en el vino. En segundo lugar, si la medida afecta a los trabajadores de RENFE y empresas municipales de transporte, su huelga paraliza el país. Aunque sólo sea una huelga de funcionarios, la imagen se parecerá demasiado a una huelga general. Y es precisamente esta indefinición la que no ayuda nada a recuperar la confianza y la credibilidad, que debería ser la principal preocupación del Gobierno.
La situación ha sido tan bochornosa que la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, ha tratado de huir de los periodistas. Hasta ha sido rescatada por sus asesores cuando el asunto se ha empezado a calentar. Ver para creer. Y es que aunque parezca mentira, al cierre de esta edición, el Gobierno todavía está ultimando los detalles del decretazo. Espero que lo entiendan, dice Rumí. No lo comprendemos. Tampoco los sindicatos de funcionarios que han tachado la reunión de burla. Rumí dice que han cumplido con lo marcado en el Estatuto de la Función Pública que consiste en convocar a los sindicatos para darles audiencia previa antes de una decisión que les afecte. Pero no se trata de cumplir con la letra, sino con el espíritu. Se trata de intentar negociar la medida. Pero además, se trata de trasladar toda la información, no de cumplir el trámite. Por eso el presidente del CSIC, Domingo Fernández, considera que no se ha cumplido con la preceptiva audiencia pública. Hemos salido con más dudas de las que teníamos cuando entramos.
Por eso anuncian que recurrirán el decreto, pero cuando sea convalidado por el Parlamento. Visto lo visto, puede pasar cualquier cosa, dice el secretario de la Función Pública de UGT, Julio Lacuerda, incrédulo ya de casi todo lo que tenga que ver con el Gobierno.
Desde UGT se habla abiertamente de chapuza, improvisación, burla y deslealtad. Y Cándido Méndez se desmelena y afirma que Zapatero no es de fiar. Así, para abrir boca. No es que se sienta personalmente defraudado. Es que se siente institucionalmente engañado. Así de claro. Por eso ya empieza a hablarse de huelga general. Sobre todo si el Gobierno emprende la anunciada reforma laboral. Ya saben: Las reformas laborales no se hacen solas, dice ahora Zapatero.
En paralelo, Zapatero no es capaz de contener el descontento dentro de las filas del PSOE. El 'cabreo' es monumental. Algunos hasta le recuerdan sus palabras: Hay que recortar el déficit, pero sin afectar a los gastos sociales; mientras yo sea presidente del Gobierno no habrá recortes en gasto social.
Andrés Velázquez
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