Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación particular en el caso abierto en el Tribunal Supremo por los cursos que el juez dirigió en la Universidad de Nueva York, tienen previsto recurrir el auto por el que el juez suspendido ha sido imputado de un delito de cohecho impropio, para solicitar que también sea encausado por el delito de prevaricación y un delito continuado de extorsión, por el que podría ir a la cárcel.
Los dos abogados han emitido un comunicado que pretende ser una respuesta a la nota de prensa en la que Garzón volvió a defender su inocencia. Garzón, con tres vistas abiertas -las denuncias por el caso de las escuchas ilegales a implicados en el caso Gürtel, el caso de la memoria histórica y éste de los cursos subvencionados- expresó el pasado sábado su más "absoluto y contundente rechazo" a las conclusiones a las que ha llegado el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, para considerarle como imputado en esta tercera causa.
Marchena describe en su auto de imputación que el juez suspendido de la Audiencia Nacional se habría servido de las influencias de su cargo para obtener fondos de grandes empresas que podrían ser posteriormente objetivo de investigación penal a su vuelta a la Audiencia Nacional. Estos hechos podrían encajar en el tipo penal de extorsión de carácter continuado (artículo 243 del Código Penal), que conlleva prisión de uno a cinco años.
La acusación particular considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se coloca en "una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patrocinios" a empresas como Telefónica, Cepsa, Santander, Endesa y BBVA, que eran 'exclientes' o 'clientes' de la Audiencia Nacional, y que han quedado "acreditadas en el proceso". Según los abogados, que insisten en las conclusiones adoptadas por Marchena, de los fondos aportados por las empresas se pagó el salario de su asistente personal durante su estancia en Nueva York durante 2005 y 2006, cuando el juez estaba de permiso de estudios. Garzón, según señalan, llegó a pedir, utilizando su cargo, 2.595.375 dólares de empresas españolas, de los cuales 1.237.000, una cantidad que ni de lejos habría conseguido "de no ser el juez Garzón quien lo solicitaba… Garzón tuvo una conducta incompatible con la deontología y obligaciones de un juez y hasta de un ciudadano, por picaresca ocultación de su segundo sueldo". No informó, según el instructor, al CGPJ de lo que ganó de la Universidad mientras, en excedencia, seguía cobrando su salario íntegro como juez.
Estima esta parte en 10.000 dólares mensuales durante 15 meses lo que percibió Baltasar Garzón "que salió de la misma cuenta de la Universidad de Nueva York donde las empresas solicitadas ingresaban los patrocinios". Se daba la circunstancia de que tanto BBVA como CEPSA y Telefónica tenían causas pendientes en la Audiencia Nacional, por lo tanto podría parecer evidente que se estaba ejerciendo una cierta presión sobre ellas.
Este martes Garzón volverá a sentarse en el Supremo para la vista oral del caso sobre la memoria histórica en la que se le acusa de prevaricación, que el pasado martes 24 de enero tuvo un giro sorprendente cuando el magistrado apeló a la doctrina Botín para pedir la anulación del caso.
Corre entre los partidarios del juez, que cada vez van siendo menos, el rumor de que cuenta con el apoyo del fiscal y que éste podría hacerle caso y seguir la jurisprudencia que sentó el juez Bermúdez cuando absolvió al polémico banquero.
Según ha manifestado a Hispanidad Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuatro observadores internacionales se han desplazado a Madrid para estar presentes mañana en el juicio, pertenecen a Amnistía Internacional, a una Comisión Internacional de Juristas Argentinos. "Nosotros no somos 'pro Garzón' ni 'anti Garzón', estamos a favor de la justicia y de los derechos de las personas que han perdido a los suyos y han sido torturados, secuestrados y asesinados aquí o en cualquier otro lugar del mundo".
Desde su página web, hasta el momento, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica había mantenido una actitud muy beligerante. ¿Estarán hasta sus más firmes partidarios reculando ante las últimas noticias sobre el patrimonio del juez? Emilio Silva niega que haya habido ningún cambio de postura en la Asociación que preside, pero tres causas a la vez son demasiadas causas para el prestigio de un juez, por muy defensor de los derechos humanos que sea y por mucho que lo quieran en Argentina.
Mariano Tomás
mariano@hispanidad.com
