El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que desde su nombramiento ha dicho apostar por el diálogo para solucionar los graves conflictos que aquejan a la educación en España, debe dar ya paso a los hechos.
Especialmente llamativo es que, pese a haber manifestado reiteradamente estar dispuesto a hablar con ellos, siga dando largas a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), que protagonizan desde hace tres años un movimiento cívico sin precedentes.
A este respecto, el coordinador de ChequeEscolar,org, José Castro, recuerda que el ministro lleva más de un mes anunciando en entrevistas en diversos medios de comunicación que se va a reunir con los representantes de los objetores a EpC, pero sus buenas intenciones se las lleva el viento; aparte de que diversas fuentes periodísticas siguen apuntando a que, en el mejor de los casos, serían recibidos por la Secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, y no por el titular de la cartera, que es a quien han solicitado audiencia hasta en tres oportunidades.
Es hora ya de acabar con el hastío que produce la espera a la que se somete a más de 52 mil familias objetoras. Si el ministro tiene auténtica voluntad de diálogo, debe concretar de forma inminente una fecha para que tal reunión se produzca. Sólo de ese modo podrá encontrarse una solución razonable a un conflicto que no hace sino agravarse y seguir sembrando incertidumbre y preocupación en la comunidad educativa, añade Castro.
Por su parte, Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad y firmante de las tres peticiones de entrevista que las plataformas objetoras han hecho a Gabilondo, declara que "el señor ministro dice ansiar la consecución de un Pacto de Estado en materia educativa, pero a nadie se le escapa que, sin resolver el gravísimo conflicto originado por el actual diseño curricular de EpC, no podrá alcanzarse ese acuerdo. Y es con nosotros, continúa, con los padres objetores -a quienes no nos representan ninguna fuerza política, ningún sindicato, ni ninguna otra organización ni institución que no sean las 76 plataformas constituidas por nosotros mismos- con quienes ineludiblemente tendrá que buscar la fórmula que resuelva este problema.
Pérez Toribio resalta que el movimiento objetor no admitirá componendas: Si lo que el Ministerio busca en su aún hipotética reunión con nosotros es una foto y lo que pretende es llevar a cabo una operación de maquillaje en relación con los currículos de EpC, no transigiremos y consiguientemente no habrá pacto educativo.
Por último, la portavoz de las familias objetoras hace un ofrecimiento de diálogo sincero y una advertencia: "Estamos dispuestos a dialogar con la mejor voluntad y a buscar soluciones -y las hay que son perfectamente asumibles tanto por parte del Gobierno como por la nuestra-, pero nunca aceptaremos el 'trágala' ni medias tintas. Nuestros hijos sólo entrarán en las clases de EpC si sus actuales programas se modifican sustancialmente, de tal forma que el Estado cumpla con su obligación constitucional de garantizar que en las enseñanzas de ese grupo de cuatro materias -y en las de cualquier otra- no se les adoctrine ilegítimamente, no se les inculquen ideologías ni valores éticos que no sean acordes con nuestras convicciones".
Las graves contradicciones del ministro.
Asimismo, los padres objetores denuncian la grave contradicción en que incurre Ángel Gabilondo, quien, al mismo tiempo que dice respetar el ejercicio de la objeción de conciencia, niega que éste sea un derecho constitucional. En concreto, entrevistado ayer, 13 de octubre, en La mañana de la COPE, el ministro expuso:
"¿Que hayan aducido algunos que se trata de un derecho fundamental y por tanto tiene que intervenir el Tribunal Constitucional? Bueno, sobre esto, por lo que me dicen los expertos, no es un derecho constitucional".
Frente a ello, José Carlos Muñoz, portavoz de Valencia Educa en Libertad y asesor de HazteOir.org en materia de Educación, defiende que Gabilondo no puede seguir diciendo que respeta a los objetores a EpC si niega el derecho que les asiste.
Muñoz aclara que la objeción de conciencia es un derecho constitucional; así lo ha determinado de forma reiterada el propio Tribunal Constitucional. Si Gabilondo trata de confundir a la opinión pública falseando la realidad, no es el mejor camino para quien dice buscar el diálogo; si, por el contrario, sus palabras obedecen al desconocimiento, el ministro debería rodearse de mejores asesores. Y es que, como recuerda Muñoz, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado claramente sobre este punto:
Puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español () (Sentencia 15/1982 del TC, de 23 de abril, FJ 6º).
No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales (Sentencia 53/1985 del TC, de 11 de abril, FJ 14º).
Cheque Escolar y Hazte Oir
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