La polémica que no cesa sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) es un indicador más de lo desafortunado que estuvo el Gobierno socialista a la hora de introducir esta materia en el sistema educativo español, con unos contenidos concretos que respondían a una hoja de ruta de marcado sesgo ideológico, al servicio de un determinado programa de ingeniería social.
Sembrada la división y la confrontación en la sociedad, el actual Gobierno se encuentra en una tesitura en la que resulta difícil pisar terreno que no esté embarrado.
El verdadero problema se hallaba y se halla en los Decretos que desarrollan la Ley. Si los leemos con detenimiento, observamos con asombro que el objetivo de dichas enseñanzas es formar, con carácter obligatorio, la conciencia moral cívica de todos los alumnos en todos los centros. El Estado no puede imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra.
En medio de un debate donde a menudo escasean los argumentos de razón, conviene tener claro qué es lo que de verdad está en juego y distinguir lo esencial de lo accidental, para que en la nueva "Educación para la Ciudadanía" no se vuelvan a repetir los errores cometidos.
Jesús Domingo Martínez
