No comprendo cómo el proceso penal por acusación falsa contra el banquero Alfredo Sáenz ha durado nueve años, lo que le ha conllevado una sustancial rebaja de la pena y, en cambio, el macroproceso penal contra los supuestos autores de la masacre cuyo séptimo aniversario hoy conmemoramos, sólo duró en total cuatro años, ya que la sentencia del Tribunal Supremo es de 30 de junio de 2008.
Eso de las dilaciones indebidas, una atenuante que no está en el Código Penal, se está poniendo de moda. También parece ser que juega con eso Sánchez Manzano, el que increíblemente ha pedido un cambio en la imputación judicial para lograr escapar a la acción de la jueza competente, y que pase a acusársele ¡¡¡de terrorismo¡¡¡, de modo que la causa pase a la Audiencia Nacional. Quizá no se ha dado cuenta de que ya no está Baltasar Garzón en dicho órgano.
Ahora vienen las maniobras para evitar que se aplique la normativa bancaria, que obligaría a la separación de la actividad a Sáenz. A buen seguro que la Audiencia provincial de Barcelona le suspenderá (no como a otros penados) la ejecución de la sentencia, mientras se tramita urgentemente el indulto y el recurso de amparo, el que superará fácilmente el filtro del artículo 50 LOTC, es decir, que el recurso tenga especial trascendencia constitucional. ¿Cómo dudar de que la tenga, si Botín es de facto uno de los poderes del Estado?
Por ende, me imagino las presiones y maniobras de todo tipo que estará sufriendo Coro Cillán, juez que ha tomado declaración a los Tedax que intervinieron en el 11-M.
Desde aquí mi afecto y solidaridad con las víctimas del atentado, los lesionados física y psíquicamente, y sus familiares.
Fernando Ferrín Calamita
