- Destacados miembros del PP avalan los apuntes contables que les afectan
- IAG rechazará el plan de Iberia pese a las nuevas cesiones de los pilotos
- El consejo de IAG respaldará la oferta "definitiva" de Iberia
- Catalunya Banc: pujan Santander, Popular, BBVA y Sabadell
- Industria endosa a las eléctricas parte del coste de las ayudas al carbón
- La gran empresa asesorará la reforma de la Administración
- Suiza levanta hoy el secreto bancario y dará datos de cuentas
- Hacienda paraliza 300 proyectos de I D ya aprobados
- El Gobierno ve inviable mantener 166 «embajadas» autonómicas
- La Abogacía del Estado legitima al Gobierno para llevar a Mas al TC
- La justicia obliga a Griñán a decir si hay 30.000 'enchufados' en la Junta de Andalucía
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó ayer la veracidad de los documentos en los que, según publicó El País, se recogen pagos de unos supuestos sobresueldos a altos cargos del partido desde 1990 a 2009. Según Cospedal, estos documentos no se corresponden "de ninguna manera" con la contabilidad del partido. Habló de "indignación" en el PP por la "irresponsabilidad" y la "frivolidad" a la hora de publicar este tipo de "acusaciones sin pruebas", y resaltó que la contabilidad del PP es "única, transparente y limpia". Por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para el sábado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
Para más inri, Luis Bárcenas aseguró ayer, en un comunicado, que en los años en que fue gerente y tesorero del PP nunca se hicieron pagos a dirigentes que no estuvieran recogidos en la contabilidad declarada oficialmente, ni se llevó registro alguno de entradas o salidas de fondos distintos a los declarados. Barcenas insistió en que, "al menos" durante esa etapa, "jamás se hizo entrega a ninguna de las personas que menciona el diario El País, ni a ninguna otra, de cantidades que no hubieran sido oportunamente recogidas en la única contabilidad existente" en el PP.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que existen "indicios y razones" para investigar los datos publicados por el diario El País, sobre el supuesto cobro de sobresueldos por parte de la cúpula del PP, según afirmó en una entrevista en 13tv. Torres-Dulce puntualizó que la Fiscalía cuenta con medios para determinar si "la libreta" reproducida por el diario es una falsificación, y aseguró que el órgano que representa está a la espera del dictamen de la Fiscalía Anticorrupción para establecer si los datos publicados se investigan como pieza dentro del caso Gürtel o son tramitados en un juzgado de Madrid. El fiscal del Estado afirmó que serán llamados a declarar todos aquellos que "puedan aportar algo", incluida la cúpula del PP, si su testimonio es "esencial" para esclarecer los hechos.
En ese contexto, buena parte de los ingresos registrados en la contabilidad manuscrita que llevaba el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, vulneraban la ley de financiación de partidos políticos. Tales supuestos donativos no hubieran podido entregarse por las vías oficiales bien porque su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos. Se hallan en esa situación más de dos tercios de los ingresos registrados en esa contabilidad, en la que del lado del gasto figuran pagos regulares con ese dinero a los miembros de la cúpula del Partido Popular. Eso apunta a una supuesta financiación ilegal, algo que el PP niega. De los 7,5 millones recibidos, según los documentos, más de cinco incumplían la norma de financiación de partidos. El PP recaudó las mayores cantidades de las grandes constructoras. La caja el extesorero llegó a tener un saldo de 900.000 euros, dice hoy El País.
Destacados miembros del PP han corroborado a EL PAÍS las operaciones económicas que figuran a su nombre en las cuentas secretas de los dos extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta (1990-2008). Operaciones que sirvieron para facilitarles préstamos, adelantos, contribuciones para arreglar situaciones inesperadas o incluso para pagar nóminas. Por ejemplo, García Escudero, Matas y Del Burgo ratifican datos económicos de las notas.
En lo estrictamente económico, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió ayer levantar la prohibición de realizar operaciones con posiciones cortas en los mercados secundarios españoles, aprobada en noviembre pasado, al considerar que ya no persisten los hechos que la motivaron.
Así las cosas, Iberia presentó ayer una oferta a los sindicatos con 3.147 despidos frente a los 4.500 que contemplaba el Plan de Transformación de la aerolínea. La empresa la califica de propuesta final y se niega a dar mayor plazo a las conversaciones, lo que ha sido entendido como una declaración de guerra por sus interlocutores. Difícil reunión la de hoy. Tras el fracaso del anterior consejo de administración de IAG -matriz fruto de la fusión de British Airways (BA) e Iberia-, el que se celebra a lo largo de esta mañana en Madrid, se antoja con igual resultado. La parte británica de la aerolínea no votará de nuevo a favor de las medidas que quieren implantar los españoles. De hecho, Willie Walsh, consejero delegado de IAG y antiguo responsable de BA, está dispuesto a imponer los planes de la compañía para la viabilidad futura de Iberia. Un plan de reestructuración que incluye la reducción de la plantilla en 4.500 personas, como recogía el «plan de transformación» inicial, presentado el pasado 9 de noviembre, informa ABC.
Sin embargo, fuentes oficiales de Iberia indican a Cinco Días que la propuesta que parte del consejero delegado, Rafael Sánchez-Lozano, goza del visto bueno de IAG, por si hubiera dudas ante la reunión del consejo que se celebra esta mañana para debatir sobre el remate del proceso en la aerolínea española. El frente sindical baraja una huelga a partir del 18 de febrero.
El futuro de Catalunya Banc empieza a despejarse. Los potenciales compradores ya han visto las cuentas de la antigua caja y formularán una oferta antes del 28 de febrero. Santander, Popular, BBVA y Sabadell están en la carrera, según Expansión.
El Ministerio de Industria ha remitido a la CNE la resolución en la que se fija desde este año el precio regulado de la producción eléctrica con carbón nacional a la que están obligadas las eléctricas. Estas han denunciado en sus alegaciones que el precio, que varía según las centrales, no recoge el coste de los nuevos impuestos energéticos: el céntimo verde al carbón y el 7% a todo tipo de generación. Ello supondrá, según el sector, 12 euros por MWh. La medida, que llega con retraso, es la chispa de un nuevo conflicto, quizá judicial, entre las grandes eléctricas y el ministerio. El precio regulado que las eléctricas reciben por producir con carbón nacional no recogerá a partir de ahora (y hasta 2014 en que termina la obligación) el coste de los impuestos que entraron en vigor el 1 de enero. Un nuevo conflicto se cierne entre el sector e Industria por una medida que costará a las afectadas 12 euros MWh, cuenta Cinco Días.
El Economista cuenta que Industria ultima otro recorte de 3.000 millones a las renovables. Hispanidad publicó el 29 de enero que Soria reducirá las primas a las renovables alargando el plazo de la concesión.
El Gobierno ha convocado a las grandes empresas de España para buscar asesoramiento para la reforma de la Administración. Ya se ha reunido con Telefónica, Inditex, IBM, Banco Santander, Mapfre y El Corte Inglés para implantar modelos de éxito en la gestión, afirma Expansión.
Suiza deja de ser un refugio para el dinero opaco. El país helvético levanta desde hoy el secreto bancario y aportará todos los datos de cuentas que le sean requeridos por Hacienda sin necesidad de precisar la identidad del titular y sin que medie acción judicial, dice Expansión.
Hacienda paraliza 300 proyectos de I D ya aprobados. A los investigadores les prometieron pagos de doce millones, apunta El País.
El Gobierno ve inviable mantener 166 «embajadas» autonómicas, según ABC.
El Rey recibió ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, dentro de la ronda habitual de entrevistas con los presidentes autonómicos recién elegidos. Artur Mas aseguró que en el encuentro había "intentado" enviar a don Juan Carlos una "señal clara de voluntad de diálogo y entendimiento" de Cataluña, pero siempre desde "la firmeza de las convicciones y los proyectos". En ese contexto, el Gobierno tiene previsto anunciar hoy las medidas contra la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se declaraba a esta comunidad autónoma «sujeto político y jurídico soberano», lo que constituye, en sí, un desafío a la integridad de España como Nación, tal como reconoce la Carta Magna. El anuncio se producirá tras recibir el informe encargado la pasada semana a la Abogacía del Estado, en el que se concluye que el Ejecutivo está plenamente legitimado para acudir al Tribunal Constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución, en el que se establece, de forma literal, lo siguiente: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión o resolución recurrida...». En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN indicaron que el acuerdo del Parlamento catalán, aprobado con los votos de CiU, ERC y un diputado de la CUT, «es formalmente una resolución, y, como tal, puede ser recurrida, aunque jurídicamente sus efectos sean nulos».
La justicia obliga a Griñán a decir si hay 30.000 'enchufados' en la Junta de Andalucía. La Gaceta accede a la sentencia firme que acaba con el oscurantismo en torno a la 'administración paralela' andaluza.
Los últimos acontecimientos del caso Nóos han hecho variar la postura de los investigadores ante una posible imputación de la Infanta. La Infanta Cristina es socia al 50%, junto a su marido de Aizoon SL, una de las empresas implicadas en la trama. Si hasta ahora siempre se ha descartado de plano su citación judicial por responsabilizar siempre a Iñaki Urdangarin, la Fiscalía se mantiene ahora a la espera del testimonio de Diego Torres, el compañero de negocios del yerno del Rey. El ex profesor de Esade declarará el 16 de febrero en Palma ante el juez Castro. Y sólo tras escuchar su versión se decidirá si se descarta del todo o se plantea la necesidad de un eventual interrogatorio a la hija del Monarca, informa El Mundo.
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
- IAG rechazará el plan de Iberia pese a las nuevas cesiones de los pilotos
- El consejo de IAG respaldará la oferta "definitiva" de Iberia
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- La Abogacía del Estado legitima al Gobierno para llevar a Mas al TC
- La justicia obliga a Griñán a decir si hay 30.000 'enchufados' en la Junta de Andalucía
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó ayer la veracidad de los documentos en los que, según publicó El País, se recogen pagos de unos supuestos sobresueldos a altos cargos del partido desde 1990 a 2009. Según Cospedal, estos documentos no se corresponden "de ninguna manera" con la contabilidad del partido. Habló de "indignación" en el PP por la "irresponsabilidad" y la "frivolidad" a la hora de publicar este tipo de "acusaciones sin pruebas", y resaltó que la contabilidad del PP es "única, transparente y limpia". Por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para el sábado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
Para más inri, Luis Bárcenas aseguró ayer, en un comunicado, que en los años en que fue gerente y tesorero del PP nunca se hicieron pagos a dirigentes que no estuvieran recogidos en la contabilidad declarada oficialmente, ni se llevó registro alguno de entradas o salidas de fondos distintos a los declarados. Barcenas insistió en que, "al menos" durante esa etapa, "jamás se hizo entrega a ninguna de las personas que menciona el diario El País, ni a ninguna otra, de cantidades que no hubieran sido oportunamente recogidas en la única contabilidad existente" en el PP.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que existen "indicios y razones" para investigar los datos publicados por el diario El País, sobre el supuesto cobro de sobresueldos por parte de la cúpula del PP, según afirmó en una entrevista en 13tv. Torres-Dulce puntualizó que la Fiscalía cuenta con medios para determinar si "la libreta" reproducida por el diario es una falsificación, y aseguró que el órgano que representa está a la espera del dictamen de la Fiscalía Anticorrupción para establecer si los datos publicados se investigan como pieza dentro del caso Gürtel o son tramitados en un juzgado de Madrid. El fiscal del Estado afirmó que serán llamados a declarar todos aquellos que "puedan aportar algo", incluida la cúpula del PP, si su testimonio es "esencial" para esclarecer los hechos.
En ese contexto, buena parte de los ingresos registrados en la contabilidad manuscrita que llevaba el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, vulneraban la ley de financiación de partidos políticos. Tales supuestos donativos no hubieran podido entregarse por las vías oficiales bien porque su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos. Se hallan en esa situación más de dos tercios de los ingresos registrados en esa contabilidad, en la que del lado del gasto figuran pagos regulares con ese dinero a los miembros de la cúpula del Partido Popular. Eso apunta a una supuesta financiación ilegal, algo que el PP niega. De los 7,5 millones recibidos, según los documentos, más de cinco incumplían la norma de financiación de partidos. El PP recaudó las mayores cantidades de las grandes constructoras. La caja el extesorero llegó a tener un saldo de 900.000 euros, dice hoy El País.
Destacados miembros del PP han corroborado a EL PAÍS las operaciones económicas que figuran a su nombre en las cuentas secretas de los dos extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta (1990-2008). Operaciones que sirvieron para facilitarles préstamos, adelantos, contribuciones para arreglar situaciones inesperadas o incluso para pagar nóminas. Por ejemplo, García Escudero, Matas y Del Burgo ratifican datos económicos de las notas.
En lo estrictamente económico, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió ayer levantar la prohibición de realizar operaciones con posiciones cortas en los mercados secundarios españoles, aprobada en noviembre pasado, al considerar que ya no persisten los hechos que la motivaron.
Así las cosas, Iberia presentó ayer una oferta a los sindicatos con 3.147 despidos frente a los 4.500 que contemplaba el Plan de Transformación de la aerolínea. La empresa la califica de propuesta final y se niega a dar mayor plazo a las conversaciones, lo que ha sido entendido como una declaración de guerra por sus interlocutores. Difícil reunión la de hoy. Tras el fracaso del anterior consejo de administración de IAG -matriz fruto de la fusión de British Airways (BA) e Iberia-, el que se celebra a lo largo de esta mañana en Madrid, se antoja con igual resultado. La parte británica de la aerolínea no votará de nuevo a favor de las medidas que quieren implantar los españoles. De hecho, Willie Walsh, consejero delegado de IAG y antiguo responsable de BA, está dispuesto a imponer los planes de la compañía para la viabilidad futura de Iberia. Un plan de reestructuración que incluye la reducción de la plantilla en 4.500 personas, como recogía el «plan de transformación» inicial, presentado el pasado 9 de noviembre, informa ABC.
Sin embargo, fuentes oficiales de Iberia indican a Cinco Días que la propuesta que parte del consejero delegado, Rafael Sánchez-Lozano, goza del visto bueno de IAG, por si hubiera dudas ante la reunión del consejo que se celebra esta mañana para debatir sobre el remate del proceso en la aerolínea española. El frente sindical baraja una huelga a partir del 18 de febrero.
El futuro de Catalunya Banc empieza a despejarse. Los potenciales compradores ya han visto las cuentas de la antigua caja y formularán una oferta antes del 28 de febrero. Santander, Popular, BBVA y Sabadell están en la carrera, según Expansión.
El Ministerio de Industria ha remitido a la CNE la resolución en la que se fija desde este año el precio regulado de la producción eléctrica con carbón nacional a la que están obligadas las eléctricas. Estas han denunciado en sus alegaciones que el precio, que varía según las centrales, no recoge el coste de los nuevos impuestos energéticos: el céntimo verde al carbón y el 7% a todo tipo de generación. Ello supondrá, según el sector, 12 euros por MWh. La medida, que llega con retraso, es la chispa de un nuevo conflicto, quizá judicial, entre las grandes eléctricas y el ministerio. El precio regulado que las eléctricas reciben por producir con carbón nacional no recogerá a partir de ahora (y hasta 2014 en que termina la obligación) el coste de los impuestos que entraron en vigor el 1 de enero. Un nuevo conflicto se cierne entre el sector e Industria por una medida que costará a las afectadas 12 euros MWh, cuenta Cinco Días.
El Economista cuenta que Industria ultima otro recorte de 3.000 millones a las renovables. Hispanidad publicó el 29 de enero que Soria reducirá las primas a las renovables alargando el plazo de la concesión.
El Gobierno ha convocado a las grandes empresas de España para buscar asesoramiento para la reforma de la Administración. Ya se ha reunido con Telefónica, Inditex, IBM, Banco Santander, Mapfre y El Corte Inglés para implantar modelos de éxito en la gestión, afirma Expansión.
Suiza deja de ser un refugio para el dinero opaco. El país helvético levanta desde hoy el secreto bancario y aportará todos los datos de cuentas que le sean requeridos por Hacienda sin necesidad de precisar la identidad del titular y sin que medie acción judicial, dice Expansión.
Hacienda paraliza 300 proyectos de I D ya aprobados. A los investigadores les prometieron pagos de doce millones, apunta El País.
El Gobierno ve inviable mantener 166 «embajadas» autonómicas, según ABC.
El Rey recibió ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, dentro de la ronda habitual de entrevistas con los presidentes autonómicos recién elegidos. Artur Mas aseguró que en el encuentro había "intentado" enviar a don Juan Carlos una "señal clara de voluntad de diálogo y entendimiento" de Cataluña, pero siempre desde "la firmeza de las convicciones y los proyectos". En ese contexto, el Gobierno tiene previsto anunciar hoy las medidas contra la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se declaraba a esta comunidad autónoma «sujeto político y jurídico soberano», lo que constituye, en sí, un desafío a la integridad de España como Nación, tal como reconoce la Carta Magna. El anuncio se producirá tras recibir el informe encargado la pasada semana a la Abogacía del Estado, en el que se concluye que el Ejecutivo está plenamente legitimado para acudir al Tribunal Constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución, en el que se establece, de forma literal, lo siguiente: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión o resolución recurrida...». En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN indicaron que el acuerdo del Parlamento catalán, aprobado con los votos de CiU, ERC y un diputado de la CUT, «es formalmente una resolución, y, como tal, puede ser recurrida, aunque jurídicamente sus efectos sean nulos».
La justicia obliga a Griñán a decir si hay 30.000 'enchufados' en la Junta de Andalucía. La Gaceta accede a la sentencia firme que acaba con el oscurantismo en torno a la 'administración paralela' andaluza.
Los últimos acontecimientos del caso Nóos han hecho variar la postura de los investigadores ante una posible imputación de la Infanta. La Infanta Cristina es socia al 50%, junto a su marido de Aizoon SL, una de las empresas implicadas en la trama. Si hasta ahora siempre se ha descartado de plano su citación judicial por responsabilizar siempre a Iñaki Urdangarin, la Fiscalía se mantiene ahora a la espera del testimonio de Diego Torres, el compañero de negocios del yerno del Rey. El ex profesor de Esade declarará el 16 de febrero en Palma ante el juez Castro. Y sólo tras escuchar su versión se decidirá si se descarta del todo o se plantea la necesidad de un eventual interrogatorio a la hija del Monarca, informa El Mundo.
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
