Zapatero no quiere adelantar el sentido de la reforma de la Ley del Aborto. Argumenta que hay que esperar a que resuelva el Comité de Expertos. Esos expertos tan independientes que forman parte de la muy rentable industria del aborto.
Pero por si acaso los expertos no atinan en la solución, Zapatero se la sugiere. Dice que una solución de plazos sería lo que daría un mayor garantismo. Veamos. Una ley de plazos sería absolutamente incompatible con la sentencia del Tribunal Constitucional que señala clara y distintamente que el nasciturus tiene derecho a la vida.
Pero lo que más me llama la atención es lo del garantismo. Garantías, ¿para quién? ¿Quién está sufriendo actualmente supuestas ausencias de garantías? El problema del aborto es el problema de Carlos Morín, encausado por abortos ilegales. ¿Y es a los Morines de turno a los que se quiere dar garantías? A eso se le llama Ley de Amnistía.
Porque ocurre que la única diferencia entre hace un año y ahora es que las contingencias judiciales sobre los centros de abortos se han disparado. Hasta hace poco, los centros de abortos actuaban con absoluta impunidad. Pero hete aquí que ahora algunos jueces han decidido admitir las causas por presunto aborto ilegal. Y resulta que los profesionales de semejante matanza se encuentran con contingencias judiciales. Y entonces es cuando el Gobierno se saca de la manga la necesidad de garantías.
¿Para los que trituran niños de ocho meses? ¿Para los que cobran en negro la mayoría de sus sucios trabajos? ¿Para los que no aceptan que una chica se arrepienta de su decisión una vez que está dentro del centro? ¿Para los que sólo buscan el lucro personal aprovechándose de la vulnerabilidad de la embarazada? ¿Para los que firman en barbecho los informes de supuestos problemas psiquiátricos? ¿Para los que no cumplen con la normativa vigente? Para esos.
Y Zapatero lo llama estado de derecho y garantías. Yo prefiero llamarlo Ley de Amnistía para los presuntos delincuentes. Es más propio.
Luis Losada Pescador
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