Fotocopias concluidas: la acusación presentará en 30 días sus conclusiones y se abrirá el juicio, que coincidirá con el de las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui 

 

El presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, atraviesa su experiencia más amarga: la judicial. Por fin, la Audiencia Nacional ha terminado de fotocopiar los 800.000 folios del sumario del caso de las cesiones de crédito, por el que se acusa a Emilio Botín y a otros cuatro directivos del Santander (entre ellos, Rodrigo Echenique) de 38 delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil. Si ocurre lo que se prevé, tras una instrucción sumarial que se ha demorado a lo largo de 13 años, y que ha sorteado todas las diligencias del equipo jurídico de Botín, así como la oposición del fiscal de la Audiencia Nacional, nos encontraríamos con un Emilio Botín condenado a unos 200 años de prisión, que por la reducción automática de penas en beneficio del reo, se vería disminuida a entre 7 y 10 años de prisión.

 

Y todo ello podría ocurrir al final del presente año o a primeros de 2005. Es decir, las mismas fechas en las que se supone que se le acusará, en su segundo reto judicial, de apropiación indebida, debido a las indemnizaciones pagadas por el SHC al ex presidente José María Amusátegui (44 millones de euros) y al ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui (108 millones de euros). En este  caso, si la condena fuera por apropiación indebida, a Botín podría costarle una sentencia de 8 años de cárcel, que se rebajaría a 4 años de prisión en el caso de que la Sala se conforme con un delito de administración desleal. Y las dos sentencias pueden casi coincidir en el tiempo. En ambos, el juez instructor ha sido la magistrada de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios.

 

En el caso de las cesiones de crédito, el problema de Botín es que el delito fiscal es autónomo, no continuado. Eso significa que cada delito tiene entidad jurídica y penal. Y recordemos que se le acusa de 38 delitos fiscales. Es verdad que cuando se dicte sentencia, Botín habrá cumplido los 70 años. No es habitual que a los 70 años se decida el ingreso en prisión, pero tampoco es preceptivo: depende del juez.

 

Además, se ha producido un cambio significativo en el caso de las cesiones, algo que indica que la actitud del Ministerio Fiscal puede haber cambiado. Así, en un juicio por cesiones de crédito contra la familia propietaria de Pikolín, seguido en Zaragoza, tanto el fiscal como el abogado del Estado calificaron los hechos como delito y el acusado (en este caso el suscriptor, no el intermediario, de las cesiones de crédito) fue calificado como delincuente por el fiscal y condenado por el juez. Más problemas. En la Comisión Europea obra un denuncia contra la actitud del abogado del Estado en el caso de las cesiones de crédito, dado que se considera que su actitud pasiva beneficia al acusado y perjudica al propio Estado (recordemos que estamos hablando de un delito fiscal).

 

Y más. Los acusadores son la Asociación en Defensa del Accionista e Iniciativa per Catalunya (IC). Se suponía que cuando los comunistas catalanes de Joan Saura entraron en el Gobierno dejarían a un lado el caso de las cesiones y dejarían tranquilo a Botín. No ha sido así.

 

Pintan bastos para el banquero más importante de España. Ahora, la familia Botín plantea la posibilidad  de acelerar el relevo de Emilio Botín por Ana Patricia. Eso sí, son muchos los consejeros que se animan a capitanear una etapa de transición, como Francisco Luzón, pero su opción puede resultar no especialmente deseada.