Ni la Ley actual ni una Ley de plazos protege a la mujer frente a abusos de terceros

El Ministerio reconoce que el aborto se produce por un ejercicio de violencia de género. Se quiere a la mujer y su sexualidad, pero se rechaza su capacidad reproductiva. Es más: los propios centros de abortos señalan que el aborto está relacionado en un 80% de las ocasiones con violencia de género. ¿De qué estamos hablando entonces cuando se plantea la Ley de Plazos?

De la Vega ha hablado de la difícil situación de las mujeres que abortan y Rajoy también se ha mostrado ‘misericordioso' frente a las mujeres "que se ven obligadas" a abortar. ¿Obligadas? ¿No existen alternativas? La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA. www.vozvictimas.org) destaca que el aborto es "violencia de género permitida y fomentada por el Estado". Añade que cualquier regulación debe "descartar" cualquier "coacción y presiones" que puedan forzar a una mujer a optar por una intervención traumática. El verdadero problema del aborto -señala AVA- es que ha sido abandonada frente a las empresas que realizan abortos. "Los médicos de la sanidad pública realizan las intervenciones en las que haya riesgo para la vida o salud y tienen como garante su deontología y objeción de conciencia", señala la portavoz de AVA, René Martínez.

Por eso AVA considera un "acierto" que el PSOE plantee una revisión de la legislación relativa al aborto "siempre que vaya destinada a una mayor protección de la mujer embarazada". La experiencia de AVA señala que en el 65% de los abortos provocados se producen debido a la presión o abandono de la pareja y/o familia. Las propias estadísticas del Ministerio de Sanidad delatan la ausencia de pareja en más de un 20% de los casos.

Por eso AVA plantea la necesidad de descartar la existencia de violencia de género detrás del aborto como ya se realiza en Estados unidos y Canadá. "El Estado y cualquier Gobierno han de promover las alternativas al aborto de las que habla el RD 2409/1986. El aborto nunca es salud: no se le puede abocar a la mujer al aborto". ¿Y los casos de malformación del feto? "Viola el Convenio de la ONU vigente desde 2007 en España de los derechos de las personas con discapacidad", responde Martínez.

AVA considera que el "verdadero problema" es el negocio existente frente al "drama" y el "abandono" de la mujer. "Se ha dejado la salud de las embarazadas en manos de empresarios sin escrúpulos que no informan a la mujer de las secuelas que pueden sufrir; los consentimientos informados son francamente ilegales". ¿Más irregularidades? "El médico que autoriza el aborto cobra comisión por dicha firma. Esto es inaceptable. Los médicos de la sanidad pública son el garante de la salud de la mujer embarazada, tienen un código deontológico que respetar y no tienen intereses económicos", concluye Martínez.