Decíamos ayer que las renovables nos han salido carísimas a los españoles entre déficit de tarifa, reclamaciones milmillonarias de los fondos por el recorte de las primas, burbuja especulativa… Al menos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado una alegría a España, pues ha avalado el impuesto al 7% de la generación eléctrica que aprobó el Gobierno Rajoy en 2012, con el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

La corte de Luxemburgo ha señalado que dicho tributo es compatible con la directiva europea sobre impuestos especiales y por tanto, no vulnera el derecho de la UE. Tampoco considera que recaiga en el consumidor de forma directa, a pesar de que pueda implicar un aumento del precio de la energía, porque lo abonan los operadores económicos que producen la electricidad y la incorporan al sistema. Además, no se opone a un gravamen de este tipo que también se aplica a la luz que se produce a partir de fuentes renovables, pues apoyar la energía verde no implica que no se pueda gravar a las empresas que la producen. Y por último, rechaza el argumento de que el tributo distorsione la competencia comunitaria y favorezca a los productores extranjeros.

Con este fallo, España se libra de abonar hasta 10.200 millones de euros, según Invertia, pues en el caso de que el TJUE hubiera derogado el impuesto, se habría producido una avalancha de reclamaciones por parte de empresas e incluso de consumidores. Cuando se impuso ese gravamen del 7% a la producción de energía eléctrica de todas las plantas de generación de España, muchas empresas pusieron recursos judiciales, considerando que era una doble imposición. Sin embargo, los tribunales (entre ellos el TC y el TS) no les dieron la razón y sólo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana elevó uno de estos recursos a la corte de Luxemburgo.

Recuerden que la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, suspendió dicho impuesto durante unos meses en 2018 para intentar frenar la subida de la luz, pero actualmente sigue en vigor. De hecho, supone una recaudación de unos 1.500 millones anuales.