Sebastián Albella tiene un nuevo lío abierto: Codere. Sin embargo, conviene recordar que no es el primero (en la lista destacan los casos de Popular y Siemens Gamesa) y probablemente no será el último, aunque el momento no es el idóneo: en vísperas de su renovación -o no- como presidente de la CNMV.

Todos estos asuntos tienen una coincidencia: la relación con el bufete de abogados Linklaters, donde Albella trabajó desde 2005 y del que se convirtió en socio, ocupando un puesto en su Consejo Mundial, en 2015, y como director en España, desde los que saltó a presidir la CNMV el 25 de noviembre de 2016. Este bufete de abogados tiene su sede en Londres, forma parte del llamado ‘círculo mágico’ de los abogados de la City, está especializado en asuntos mercantiles y en el asesoramiento a las principales empresas, estados e instituciones financieras de todo el mundo.

La familia Martínez Sampedro, fundadora del grupo Codere (dedicado al sector del juego) junto a los hermanos Franco -dueños de Recreativos Franco- en 1980, ha presentado distintos escritos ante la CNMV desde el 29 de febrero de 2019, según informan Invertia y El Economista. En ellos denuncian que distintos fondos de inversión -liderados por Silverpoint y asesorados por Linklaters- tomaron el control de Codere sin lanzar una OPA (y desde entonces, Norman Sorensen es el presidente), que el regulador no ha iniciado una investigación al respecto y también la ocultación por parte del secretario del Consejo del grupo Codere de los requerimientos de información que han recibido por parte del supervisor y de las respuestas que le han dado. Además, conviene recordar que la familia Martínez Sampedro empezó a perder el control de Codere mucho antes: en 2014, grandes fondos compraron deuda y se procedió a una reestructuración financiera con una ampliación de capital (donde también hubo asesoramiento de Linklaters).

El bufete Linklaters asesoró a Codere en la ampliación de capital de 2014, el primer paso con el que años después los fondos tomarían el control del grupo sin lanzar una OPA

Este asunto de Codere, en parte, se parece al de la fusión que dio origen a Siemens Gamesa en abril de 2017. El gigante alemán, que contó con el asesoramiento de Linklaters, no tuvo que lanzar ninguna OPA para hacerse con el control del fabricante español de aerogeneradores, como se han quejado los accionistas minoritarios, los cuales no han recibido ningún gesto por parte de la CNMV.

Y el tema de Codere también guarda alguna similitud con el caso del Popular: el bufete Linklaters asesoró al banco en la ampliación de capital que se aprobó en mayo de 2016. Eso sí, Albella no tuvo reparos en declarar en la comisión abierta en el Congreso de los Diputados sobre el ‘caso Popular’ que la CNMV investigaría si pudo haber trampas y tampoco en hacer una lamentable declaración ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional hace unas semanas, en la que descargó su responsabilidad en Jorge Alegre, uno de sus subordinados en Linklaters. La familia Martínez Sampedro pide que se aplique el precedente sentado por dicho juez: que se pida a Linklaters la hoja de encargo y honorarios del asesoramiento que dio a Sorensen en 2017.

Además, no se puede olvidar que dicho bufete de abogados asesoró en la salida a bolsa de Telepizza, también realizó trabajos para el mexicano Carlos Slim (a quien la CNMV le permitió hacerse con Realia, a pesar del enfado de muchos pequeños accionistas) o para LetterOne, el instrumento financiero de Mikhail Fridman, principal accionista de DIA. Todo esto unido a lo anterior ilustra la “incompatibilidad con patas”, en palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que supondría la renovación de Albella como presidente de la CNMV. Sin embargo, como dice el refrán español, hasta el rabo, todo es toro, y el Ejecutivo socio-comunista es muy aficionado al donde dije digo, digo Diego, así que aún es pronto para saber cuál será la decisión. Y ojo, no se puede olvidar que su nombre fue impuesto hace cuatro años por Luis Garicano (Ciudadanos).