La ley de Memoria Democrática (entró en vigor el 21 de octubre de 2022), contempla en su disposición adicional octava un procedimiento para adquirir la nacionalidad española a descendientes de españoles, bajo determinadas condiciones (por ejemplo, hijos y nietos de españoles exiliados). El plazo para presentar solicitudes terminó en octubre de 2025, aunque los expedientes presentados continúan tramitándose. Se presentaron aproximadamente 2,5 millones de solicitudes, de las que se han concedido, a junio de 2026, un total de 557.709 nacionalidades.
Todos los nacionalizado en virtud de la ley de Memoria Democrática pueden votar en las próximas elecciones generales. Y la sospecha más razonable es que lo hagan al PSOE.
Por eso, la sociedad española intuyen que se trata de una trampa del sanchismo para beneficiarse electoralmente.
De hecho, una encuesta de Sigma Dos para El Mundo concluye que un 55,2% está en contra de que voten en unas elecciones generales. Y para el 49,4% de los encuestados, la finalidad de conceder la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados es influir en las próximas elecciones.
No confundir "la ley de nietos" con la regularización extraordinaria de inmigrantes, los cuales no pueden votar en unas generales
Ojo, no confundir la nacionalización de descendientes de españoles exiliados con la regularización extraordinaria de inmigrantes, acometida también por el Gobierno de Pedro Sánchez. La regularización extraordinaria de inmigrantes permite obtener una autorización de residencia y trabajo. El plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones. De ellas, más de 608.000 han sido admitidas a trámite, de las que ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, el jueves 23 de julio de 2026, con motivo de la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración.
Pero estas personas regularizadas no pueden votar en unas elecciones generales, porque la regularización extraordinaria concede una autorización de residencia y trabajo; pero no concede la nacionalidad española.
Sí podrían votar en elecciones municipales, pero solo si tienen la nacionalidad de un país con recicprocidad de voto municipal. Es decir, que la mera regularización no basta.
