El final de los coches de gasolina y diésel enciende al sector, que vislumbra recortes de producción y empleos
La subida de la luz en España, que aprovechaba el PSOE para cargar contra el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, sirve ahora el hacha de guerra contra la actual ministra, Teresa Ribera, ahora en la encrucijada. El problema no ha cambiado y vuelve a ser por lo verde.
La luz se dispara -en agosto, un 11%, respecto a hace un año y 2,6% respecto a junio- por las mismas razones: la subida de los precios en mercado mayorista -suponen un 35% de la factura- y el encarecimiento de los derechos de emisión de gases contaminante (CO2) debido a la mayor aportación de las centrales de carbón y ciclo combinado y a la menor de la energía hidráulica y renovable (sobre todo, eólica).
Entre las reacciones, la más graciosa es la de la asociación de consumidores Facua, que ha exigido al Gobierno, como solución, que baje los impuestos (la aplicación de un IVA superreducido, por ejemplo). Es lo mismo que exigen, vaya por Dios, eléctricas como Iberdrola o Endesa para dejar de ser las culpables a ojos de la izquierda con el mismo argumento de Facua.
Facua se refiere a los impuestos que subió el PP para mantener las subvenciones a la energía verde. Entonces, ¿qué pasa con el persistente déficit de tarifa?
La subida fiscal que puso en marcha el PP con la reforma Soria fue, paradójicamente, la respuesta a un problema que se salía de madre: el déficit de tarifa -llegó a 30.000 millones-, que había provocado el dispendio de Zapataero con las subvenciones a la energía verde. Es, precisamente, lo que el consumidor sigue pagando, mes a mes, en la factura de la luz. Los otros costes de la factura, los regulados, que fija el Gobierno, siguen congelados desde hace años.
Más medido ha estado el secretario de Energía, Domínguez Abascal, al admitir que no hay una “solución milagrosa a corto plazo” para cambiar la evolución de los precios mayoristas. En agosto, también ha pesado en los precios mayoristas el aumento de las importaciones por parte de Francia, debido a la indisponibilidad de una parte de sus centrales nucleares, que a su vez a lleva a usar más carbón y gas.