- La burocratización tiene un coste, que las sociedades trasladarán en comisiones por la gestión de fondos o carteras.
- El aumento en los precios se notará especialmente por el encarecimiento de la asesoría y análisis.
- En términos de coste, afectará más a la renta variable que a renta fija, divisas y materias primas.
- El debate augura también una guerra comercial entre las sociedades por la repercusión a los clientes.
Decíamos ayer que las
MiFID II, ya en vigor, traerá
más burocracia, con la amenaza de supervivencia de los pequeños
brokers, pero no se puede olvidar otro factor, el
coste para el cliente. El objetivo, en cualquier caso, es el de una mayor
transparencia, pero ¿a qué precio?
Para los más críticos con los cambios que implica la Directiva sobre los Mercados de Instrumentos Financieros, la respuesta es clara: se traducirá en un mayor coste para los clientes, compradores y ahorradores, sobre todo por el asesoramiento para decidir en qué invierte.
La Directiva, de hecho, añade la obligación a las entidades den un mayor conocimiento del cliente, con el fin de protegerlo, pero eso conlleva más gastos. Aunque entre los gestores no hay todavía una respuesta clara sobre en qué medida repercutirá, ven en el horizonte, al menos, una
guerra comercial por las comisiones que implica afrontar los nuevos costes, sobre todo por el asesoramiento para decidir las inversiones.
Sobre este punto, da una pista la encuesta realizada por el
Instituto CFA, recogida en su informe
MiFID II: A New Paradigm for Investment Research. Contestan las gestoras europeas, que no tienen dudas sobre el encarecimiento que supondrá en los costes de
investigación y análisis.
En el caso de la
renta variable, el aumento de precios, estiman, será de 10 puntos, que equivalen a un millón de euros para un patrimonio de 1.000 millones. En los casos de
renta fija,
divisas y
materias primas, el aumento del coste es menor, de unos 350.000 euros, para el mismo patrimonio.
Otra cuestión, es cómo se repercutirá al cliente ese
sobrecosto. Ahí hay
divergencia de opiniones. La mayoría, el 53%, cree que serán las empresas las que absorberán, frente al 15% que cree que se cargará al cliente, el 12% que se decantan por un reparto mixto y el 21% que no lo tiene claro todavía.
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los bancos y las sociedades que gestionan lo activos en la UE han gastado más de 2.000 millones en la preparación de los sistemas para prepararse a las MiFID.
Obviamente, las otras conclusiones del informe afectan a la
reconfiguración del sector, que queda abocado a una inevitable reconversión. Por un lado, muestra la creciente preocupación por el impacto que tendrá en las
pequeñas sociedades independientes. Dicho de otro modo, aumenta el riesgo de creación de
oligopolios, por la menor competencia, que deja en una posición más cómoda a los
bancos de inversión.
A todo lo anterior es precio añadir un nuevo escenario que también presionará los precios.
BME no ha decidido todavía las
tarifas que aplicará por la compra y venta de valores. Aplazó esa decisión hasta marzo, precisamente por la entrada en vigor de las MiFID II.
Una cosa está clara, sin embargo. La visibilidad de los pequeños valores que cotizan se va a restringir porque van a quedar al margen de los análisis, que se va encarecer. Esa realidad implica menos ingresos para BME, que también tendrá que reaccionar.
Rafael Esparza
