El Gobierno Sánchez pretende acabar con la educación cristiana. Para ello, se trata de desviar alumnos desde la escuela concertada, católica en su inmensa mayoría, a las escuelas estatales sin tener en cuenta la elección de las familias. Exactamente lo mismo que quieren hacer con la educación especial. 

Desde la Fundación Educatio Servanda alertan de que la Ministra de Educación intenta tramitar una ley liberticida que elimina la elección de centro por parte de la familia como criterio de escolarización de nuestros hijos.

Su objetivo final es poder desviar alumnos desde la escuela concertada, católica en su inmensa mayoría, a las escuelas estatales sin tener en cuenta la elección de las familias. Exactamente lo mismo que quieren hacer con la educación especial. 

Por eso no podemos callar.  A pesar del confinamiento, en Educatio Servanda seguimos levantando la bandera de la libertad. Contra viento y marea.

En los los últimos meses hemos:

  1. Presentado “De la igualdad a la libertad: propuestas para un cambio de paradigma”, un detallado documento en el que proponemos un cambio de paradigma que amplíe las libertades en la enseñanza.
  2. Participamos en Congresos y Jornadas sobre libertad educativa. Por ejemplo, en el XXI Congreso Católicos y Vida Pública del CEU, donde coordinamos el taller “La escuela católica: evangelización y libertad en el siglo XXI”. 
  3. Colaboramos activamente en la iniciativa yolibre .org, una plataforma integrada por diez organizaciones mediante la que defendemos, con diferentes campañas, una educación para todos, plural y de calidad.
  4. Somos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Sociedad Civil Ahora que celebró su primer congreso: “Repensar España: una aportación desde la Sociedad Civil”, donde contamos con la presencia de Felipe González y José María Aznar, entre otros muchos, para debatir las grandes cuestiones nacionales, incluyendo la educación.
  5. Y, hace solo unos días, en colaboración con otras entidades educativas, publicamos una nota de prensa (VER DOCUMENTO ADJUNTO) para denunciar el uso y abuso que el Gobierno hace del estado de alarma para imponer la nueva Ley de Educación, que priva a los padres de su derecho a elegir la educación de sus hijos.

Por todo ello, participamos con frecuencia en diferentes medios y programas de televisión para defender la libertad de las familias a elegir la educación de sus hijos.

Seguimos en el caso Celaá. El colegio no abre hasta septiembre, no sabemos cómo y a lo mejor ni abre

Resumiendo, el Gobierno Sánchez. pretende acabar con la enseñanza cristiana y con la enseñanza de calidad. Sí, con ambas a un tiempo. La primera, por cristofobia socio-podemita, la segunda por un curioso concepto de igualdad, de homologación a la baja. Prefieren pagar la más cara enseñanza pública y reducir el nivel escolar, al tiempo que acabar con la libertad de enseñanza de los padres... padres que, en cuanto pueden, llevan a sus hijos a un colegio privado, ¿Por qué será? 

Por cierto este jueves la ministra de Educación y Formación Profesional se ha reunido en Conferencia Sectorial de Educación para abordar de forma telemática con los consejeros educativos de todos los gobiernos autonómicos las medidas sanitarias a adoptar el próximo curso escolar ante los diferentes escenarios de evolución de la pandemia del coronavirus. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas han acordado crear un grupo de trabajo para preparar conjuntamente el regreso a las aulas en septiembre. Ambas partes se han comprometido a elaborar un documento antes de verano con orientaciones para el próximo curso escolar, contemplando tres posibles escenarios de la evolución de la pandemia: que se pueda reanudar la actividad lectiva con normalidad, que sea necesario mantener una distancia sanitaria o que un rebrote vuelva a cerrar los centros educativos.

Con estas recomendaciones, según precisa el Ministerio de Educación en un comunicado de prensa, las comunidades autónomas y los propios centros educativos se encargarán de diseñar sus propios planes de contingencia para "garantizar el desarrollo de la actividad educativa, respetando tanto las competencias de cada una de las comunidades autónomas como la autonomía docente de los centros educativos".