Decíamos que el coronavirus ha provocado el gran desastre laboral de Pedro Sánchez, pero este, desgraciadamente, no para de crecer: ya van casi 5 millones de empleos perdidos. En concreto, 4,9 millones entre los afectados por los ERTE (3,14 millones), los cotizantes perdidos en marzo (833.979) y los autónomos que han pedido la prestación extraordinaria por cese de actividad al verse obligados a cerrar sus negocios.

Respecto a estos últimos, conviene destacar que los solicitantes de esta prestación casi se han duplicado en 12 días, pues han pasado de los 500.000 que anunció el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado 2 de abril, a 941.000, según ha comunicado la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en rueda de prensa.

En nuestro país hay 3,25 millones de autónomos, 941.000 han pedido la prestación extraordinaria por cese de actividad y ya se les ha concedido a 780.000

En nuestro país hay 3,25 millones de autónomos, por lo que los 941.000 solicitantes de prestación extraordinaria por cese de actividad representan casi el 29% del total, es decir, que se va aproximando a afectar a uno de cada tres. De estos solicitantes, ya se les ha concedido la ayuda a 780.000, lo que supone casi el 84% del total, pero Escrivá espera que “lo normal es que siga creciendo la cifra” de solicitantes, según señaló en una entrevista en El País el pasado lunes.

Esa prestación extraordinaria la pueden solicitar los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio por el Covid-19 o hayan reducido un 75% su facturación en el mes de referencia respecto al semestre anterior. Las principales organizaciones de estos trabajadores reclaman que este porcentaje sea inferior: ATA y Uatae piden que se coloque en el 40%, mientras UPTA habla del 50%. Además, esta prestación es compatible con otras, algo que se ha modificado recientemente, y este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado una moratoria de un mes en el pago de determinados impuestos (IVA, IRPF y Sociedades) para los trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas (pymes) que facturen menos de 600.000 euros.