Libertad de enseñanza. CCOO denuncia a Hazte Oír... por pretender que se respete el artículo 27.3 de la Constitución
Hazte Oír envió hace unas semanas a más de 20.000 centros educativos públicos y concertados de las diferentes autonomías -en total existen unos 28.000- un kit titulado 'Mis hijos, mi decisión'.
En tal kit, Hazte oír explica lo siguiente: "El PIN Parental (o Solicitud de información previa y consentimiento expreso) es un documento a través del cual los padres solicitan a la dirección del centro educativo que se les informe previamente sobre cualquier actividad, charla, taller o similar que afecte directamente a los valores del alumno en materia afectivo-sexual, “identidad y expresión de género”, “diversidad sexual y afectiva”, “diferentes modelos de familia”. Y se exige igualmente el consentimiento expreso de los padres para asistir a las mencionadas actividades. En el documento se solicita también información previa detallada especificando los objetivos, contenidos, programaciones, materiales, fecha y horario y personas o entidad que las van a impartir o dirigir".
Hazte Oír añade: "Pide a Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera que implanten en todos los centros educativos la ‘Solicitud de información previa y consentimiento expreso’ (PIN parental) para garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos sin adoctrinamiento LGTBI en las aulas. Di no a la ideología de género en los colegios firmando en este enlace".
Pues bien: según informa El País, Comisiones Obreras cree que esa acción podría ser constitutiva de un delito de odio y este lunes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación. “La legislación educativa vigente promueve la educación en valores, igualdad y diversidad afectivo-sexual y ese envío masivo de documentos es una intromisión ilegítima en el sistema educativo”, señala Carmen Perona, responsable del departamento jurídico de la Federación de Enseñanza del sindicato.
Recordemos que el Artículo 27.3 de la Constitución dice: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".