- Junts pel Si y la CUP han registrado en el Parlament una ampliación de su resolución independentista, para "blindar los derechos fundamentales de las personas" frente a eventuales impugnaciones del Tribunal Constitucional a leyes catalanas.
- El texto recoge que el futuro Govern deberá garantizar derechos de vivienda, sanidad y educación aunque el Estado pueda impugnar normas en este ámbito.
- La ampliación también se refiere a cuestiones como garantizar los derechos a las personas refugiadas y al aborto.
- Mientras, un alto cargo de una consejería del Gobierno catalán renuncia para no "saltarse las leyes".
Metidos de lleno en su locura secesionista y de realidad paralela,
Junts pel Si y la CUP han registrado en el Parlament este viernes una ampliación de su resolución independentista, para "blindar los derechos fundamentales de las personas" frente a eventuales impugnaciones del Tribunal Constitucional (TC) a leyes catalanas.
El anexo que han registrado desarrolla el punto 8 de la resolución, que es el que insta al futuro Govern a cumplir exclusivamente las normas que emanan de la Cámara catalana y que "puedan verse afectadas por decisiones del Estado español".
Así, el texto recoge que el futuro Govern deberá garantizar derechos de vivienda, sanidad y educación, entre otros, aunque el Estado pueda impugnar normas en este ámbito, como el decreto de pobreza del Govern que el Gobierno central llevó al TC hace meses y que está suspendido.
Las leyes que se incluyen en el anexo del punto ocho se refieren al ámbito social y serían el reflejo de los avances alcanzados en la negociación entre Junts pel Sí y la CUP para la investidura de
Artur Mas. Aunque no quiere deci que la CUP le vaya a votar...
La ampliación también se refiere a cuestiones como garantizar los derechos a las personas refugiadas políticas procedentes de otros países, y al aborto, un aspecto sobre el cual se remite al cumplimiento que estipula la ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 17/2015 de 21 de julio), publica
La Vanguardia.
Dicha resolución será aprobada con toda seguridad este lunes 9 de noviembre en el Parlament, aunque deberá enfrentarse -también con toda seguridad- al recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Pero no todos en cataluña están dispuestos a saltarse la legalidad, como pretenden
Junts pel Si y la CUP. El director académico del Programa Serra Húnter, Enrique García-Berro, ha presentado su renuncia al cargo por "decisión personal", según ha informado en un comunicado la Secretaría de Universidades e Investigación, que ha expresado su respeto absoluto.
García-Berro ha entregado una carta en la que afirma no sentirse cómodo trabajando para un Govern que "dice estar dispuesto a saltarse las leyes" y por la resolución parlamentaria pactada entre JxSí y CUP, ha publicado este viernes también La Vanguardia.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com