(Exclusivas de la prensa de papel 08/04/2021) Petya Koeva Brooks (FMI): “Hay que asegurar que no haya un exceso de deuda en las empresas”

Petya Koeva Brooks, directora adjunta del Departamento de Estrategia, Política y Evaluación del Fondo Monetario Internacional, enumera los efectos del retraso en la recuperación que experimenta Europa. El panorama para España es poco halagüeño. Con una tasa de paro que seguirá superando la registrada antes de la pandemia en 2026, nuestro país se enfrenta a una ardua tarea que requerirá un apoyo muy específico una vez cese la pandemia. Al ser preguntada sobre si países como España lograrán salvar la temporada turística este verano, Koeva Brooks indica que esto dependerá de las campañas de vacunación, donde todavía se deben realizar progresos significativos. (El Economista)

En esta nueva campaña de la renta, que arrancó ayer y está marcada por la oleada de ERTE del 2020, la Agencia Tributaria calcula que las declaraciones a ingresar se van a elevar un 5,7%. Precisamente, la ausencia de retenciones en las prestaciones abonadas por el SEPE a los casi cuatro millones de asalariados con el empleo suspendido por la covid explica que la cantidad a pagar a Hacienda en las declaraciones positivas aumente en un 2%, unos 250 millones de euros, al pasar de 12.726 millones de euros a 12.976 millones. (La Vanguardia) (Cinco Días)

Los menores que forman parte de los hogares que en 2020 fueron beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) también tendrán que presentar la declaración de la Renta. Y se trata de un requisito indispensable para poder mantener la prestación, por lo que si no lo cumplen se enfrentan al riesgo de perder la ayuda. Según las cifras de la Agencia Tributaria, son «más de 226.000 menores» de un total de «más de 460.000 beneficiarios» y, para poder cumplir el trámite durante la campaña de la Renta que comenzó ayer, el organismo dirigido por Jesús Gascón «recomienda la presentación de una declaración conjunta de todos los miembros en caso de estar casados los progenitores». Y en ausencia de matrimonio, añade, «uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos, y el otro declaración individual». (El Mundo)

La Agencia Tributaria (AEAT) enviará avisos para que cumplan con sus obligaciones fiscales a 400.000 contribuyentes con viviendas en alquiler y a cerca de un millón con rentas en el extranjero, a lo que suma 14.800 a contribuyentes que operan con criptomonedas. En el caso de las comunicaciones a propietarios de viviendas en alquiler, que ascenderán a 400.000 frente a los 1.560.000 contemplados el ejercicio anterior, la reducción se explica por la anulación en 2020 de la declaración informativa para las plataformas de alquiler, el conocido como Modelo 179, por parte del Tribunal Supremo.  (Expansión)

Entre 80.000 y 150.000 personas sufrirán retrasos este mes de abril en el cobro de las prestaciones por desempleo, según declaran fuentes sindicales a eE. Se trata de desempleados que solicitaron las prestaciones en las oficinas del Sepe durante los cuatro días en los que el ciberataque a este organismo lo dejó totalmente inoperativo. Desde el Ministerio de Trabajo declaran que “el ciberataque no ha ocasionado retrasos, que se han enviado los ficheros de nóminas a los bancos y que se mantienen las ventanas de pago como hasta ahora”. (El Economista)

El año del Covid-19, marcado por la crisis sanitaria y económica, ha asestado un duro golpe a la tasa de emancipación juvenil en España, que cierra con las peores cifras de los últimos ocho años. Según los datos actualizados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 55% de los menores de 30 años terminaron el ejercicio residiendo todavía en casa de sus padres. La cifra supone el mayor porcentaje desde el año 2013, cuando se empezaron a registrar estos datos y la tasa se situó en el 48,5%. También muestra un cambio de tendencia que rompe con la estabilización de los tres ejercicios anteriores, en los que la media se situó en torno al 52%. (Cinco Días)

Se acumulan episodios extraños en torno a la aerolínea declarada «estratégica» por el Gobierno. La hasta ahora prácticamente ignota Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros, sí es conocida desde hace tiempo por el Centro Nacional de Inteligencia que inició una investigación antes de la pandemia por si era utilizada para blanquear dinero. El desembarco de accionistas venezolanos en Plus Ultra a partir de 2017 despertó la atención del CNI antes de la pandemia y recabó información sobre si estaban utilizando a la empresa para blanquear dinero. Así lo confirma a EL MUNDO un experto del sector aéreo al que el organismo presidido entonces por Félix Sanz Roldán pidió información al respecto. El CNI sospechó que los inversores venezolanos Rodolfo Reyes y Raif El Arigie, que habían sido citados por corrupción en la Asamblea Nacional venezolana, podrían estar procediendo a blanquear dinero para altas personalidades del régimen. (El Mundo)

El tráfico de crudo venezolano financia a los dueños de Plus Ultra. El entramado de empresarios venezolanos que controla la aerolínea Plus Ultra, cuyo polémico rescate por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante un préstamo de 53 millones concedido por la SEPI ha provocado una tormenta parlamentaria, se financia, al menos en parte, con la venta de crudo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en mercados opacos. Así se desprende de las investigaciones realizadas tanto por la Administración estadounidense como por los registros de la propia Pdvsa. Se desconoce, eso sí, el montante de las operaciones realizadas para el régimen de Nicolás Maduro por uno de los hombres fuertes en la sombra de Plus Ultra, el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa, con al menos una sociedad conocida con sede en Hong Kong dedicada a esta lucrativa actividad que trata de burlar los controles y las sanciones estadounidenses contra Maduro. (La Razón)

Línea Directa está a semanas de presentarse ante el mercado y lo hará como una compañía de rentas. La aseguradora distribuirá un mínimo del 70% de su beneficio, lo que situará la rentabilidad de sus pagos cerca del 7% sobre la base de un beneficio normalizado. De alcanzar un retorno mínimo del 7%, Línea Directa podría desbancar a Mapfre como la aseguradora con el dividendo más atractivo, que se estima en el 7,5% con cargo a 2021. (El Economista)

El plan B para salvar los activos valiosos de Abengoa tiene casi todas las papeletas para descarrilar, según las fuentes financieras consultadas. El acuerdo entre el potencial nuevo inversor de Abenewco, el fondo californiano Terramar, los acreedores, la SEPI –que ha de inyectar 249 millones– el ICO y Cesce es casi misión imposible. El miedo del fondo estatal de rescate a perder el dinero y la negativa de los bancos y los hedge funds a inyectar liquidez y avales juegan en su contra. El plazo, no obstante, para tratar de llegar a un acuerdo finalizará el próximo 7 de mayo. (Cinco Días)

Acuerdo pionero en España contra la piratería de contenidos. Las operadoras de telecomunicaciones y las industrias culturales han establecido un pacto para proteger la propiedad intelectual y hacer un frente común ante la oferta ilegal de contenidos en internet. Es el primer protocolo que se firma en España entre la industria de la cultura, que incluye contenidos audiovisuales, musicales y editoriales, y la industria de las telecomunicaciones contra la piratería en internet. (Cinco Días)

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, rechaza tajantemente que haya una burbuja en el sector de las energías renovables en España. “Esa calificación es peligrosa y ambivalente; hay mucho interés, pero yo no lo calificaría de burbuja”, recalcó ayer, durante la celebración en Madrid de un evento organizado por elEconomista con el patrocinio de Acciona. (El Economista)

En septiembre de 2020 tuvo lugar un desencuentro cuya raíz vieron las víctimas del terrorismo en el continuo doblegarse ante los socios abertzales. Fue aquel «lamentar profundamente» de Pedro Sánchez en referencia al suicidio en la cárcel del preso de ETA Igor González Sola. Unas palabras pronunciadas en el Senado que le granjearon además la indignación de sindicatos policiales y partidos de la oposición. Para la AVT, un comportamiento «impropio de un presidente del Gobierno», igual que el uso del lenguaje para hablar de «presos vascos o banda», sin añadir el término «terrorista». Esta asociación ha reclamado reunirse con Sánchez desde que llegó a Moncloa, sin éxito por el momento. Es la más crítica con la gestión del Ejecutivo, junto con Dignidad y Justicia y Acvot. (La Razón)

El instructor Manuel García Castellón destaca en un auto en el que archiva una pieza separada de la trama que «resulta llamativo” que este partido “facilitara con su voto lo que señala como un plan criminal”. (La Razón)