La ministra Teresa Ribera ha abierto la caja de resonancias en el sector eléctrico al anunciar una serie de medidas de profundo calado, porque afectan a todo, pero cojas en lo esencial, porque no concretan nada. La excepción está en la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación, muy efectista en el acalorado debate por la escalada de los precios de la luz, pero que arregla entre poco y menos, un 2% de rebaja.

Ribera, dicho de otro modo, prioriza lo urgente frente a lo importante, pero sin profundizar, lo que aventura una larga y doble negociación en el horizonte: con los partidos, para la reforma estructural del mercado que propone -un enunciado-, y con las eléctricas Endesa, Iberdrola y Narturgy.

La supresión del impuesto del 7% era un largo anhelo del sector, preocupado por lo suyo como los consumidores por su bolsillo. Fue un ingenio del PP, con la reforma Soria de 2012, para combatir la generosidad de Zapatero con las energías renovables, que vuelve a escena para convertirse en la pieza estelar de la ministra, que envía ya “señales claras” para devolver el atractivo en las remuneraciones y la seguridad en las inversiones.

La supresión del impuesto del 7% a la generación o el bono social apenas afectan al sistema eléctrico

Las subvenciones socialistas a una energía muy cara entonces, dispararon el déficit de tarifa hasta los 30.000 millones, costeados mes a mes por el sufrido consumidor. Ninguna alusión de la ministra, sin embargo, a esa bestia negra -lo cual no es muy equilibrado que se diga- y sí, en cambio, a los interesados recursos de arbitraje internacional cuando a los fondos de inversión se les acabó aquel chollo de rentabilidades aseguradas, con el mismo interés que los mejores productos de renta variable pero sin asumir riesgos.

Junto a la suspensión temporal del impuesto del 7%, nuevas mejoras en el bono social -o uno nuevo para calefacción-, que apenas afecta a los costes del sistema. Bienvenidas sean, en cualquier caso, las iniciativas para aligerar los trámites o hacer más comprensible la factura de la luz.

Demasiado bombo al autoconsumo, olvidando que es igual de importante regularlo para evitar excesos 

En paralelo, la otra vértebra con énfasis de Ribera afecta al autoconsumo, que quiere potenciar pero sin concretar cómo -implicará cambios en la Ley del Sistema Eléctrico-, junto a la muerte anunciada del llamado impuesto al sol. Ninguna sorpresa: lo anunció el presidente Sánchez en su discurso de investidura.

El autoconsumo, dicho sea, puede ser importante para abaratar el precio de la luz, pero sin olvidar que es igual de importante su regulación. Que los edificios se llenen de paneles solares puede estar muy bien, pero ojo, sin que eso suponga que los que no los tienen paguen la instalación de los que se lo pueden permitir. Sería una injusta discriminación contra el más débil, el pobre.

Es lo que ocurre siempre con las subvenciones -como a las renovables de antaño-, que benefician a unos pocos pero se pagan entre todos. Podría ocurrir ahora con los fabricantes de placas o con los que las instalen, si eso supone exenciones en los costes fijos del recibo de la luz.

El manido argumento de los fotovoltaicos es dejar de pagar la parte regulada del recibo de la luz (impuestos, subvenciones y costes fijos) aunque sin qie se le deje de asegurar, como al resto de los mortales, que tengan luz también cuando sus paneles dejan de producir (como ocurre cada noche cuando no hay luz).  Eso y echarle mucho morro es lo mismo. Es un agravio.

Ribera corre un tupido velo sobre el déficit de tarifa y vuelve a la carga con la remuneración a la renovable

Lo esencial del mensaje de Ribera, sin embargo, está en un tiro de largo alcance con un nuevo modelo energético hacia las energías renovables, el paradigma de lo más limpio y eficiente en la mente del Gobierno. La ministra se mueve ahí como pez en el agua, haciendo honor al sello de su cartera: transición ecológica. La primera meta en ese sentido está en 2030, con un 32% de la generación renovable.

Pero a partir de ahí, hay más dudas que certezas, básicamente porque ahondó en una crítica sistemática de la etapa anterior -vuelve la herencia recibida-, llena de parches e improvisaciones, pero sin alternativas que no pasan de declaración de intenciones.

Vamos, que la ministra adelanta muchos propósitos en la descarbonización, pero sin materializar propuestas concretas. Avanza hacia un nuevo marco regulatorio porque el actual está obsoleto y sobredimensionado en los costes fijos, pero sin delimitar en qué consistirán las “medidas de choque”. Todo está en esa agenda: las subastas, los costes regulados, la formación de los precios, los sobrecostes o el mercado marginalista que aplica el precio de la energía más cara (carbón y ciclo combinado) al resto (hidroeléctrica, nuclear o renovable). Es el mismo, por cierto, que se aplica en los países europeos.

Para cambiar todo eso, en fin, hace falta algo más que una minoría de 84 diputados en el Parlamento, sostenidos para gobernar, como principal socio, por Podemos, que pide, por ejemplo, una reducción del IVA de la electricidad del 21 al 10% para que baje de verdad el precio. El Gobierno no ha entrado a ese trapo.

Silencio sepulcral también sobre la energía nuclear, cuya industria pedía también la supresión del impuesto del 7% a la generación y que aporta más de un 20% para cubrir la demanda española. Sorprendentemente, ninguna referencia al respecto.

Sorprendente silencio sobre la energía nuclear, que ayuda a mejorar sus márgenes con la eliminación del 7%

Teresa Ribera sólo concretó la eliminación de un impuesto que grava a las eléctricas, y que éstas, a su vez, trasladan al consumidor, pero ojo, no afecta a todos, sino sólo a los que tienen tarifa regulada (PVPC), que son el 40% del total. El resto (60%) está acogido al mercado libre. Y no verá ninguna rebaja por esa vía.

Cierto es también que el Gobierno emprende la suspensión temporal del impuesto en un momento en que el déficit de tarifa ya no supone el problema imparable que supuso. Por ese motivo el PP se adelantó a Ribera con una proposición de ley para lo mismo.

Pero, ojo, no deja de ser paradójico que se suprima ese impuesto, que supone una merma en la recaudación del Estado de 1.000 millones de euros, porque lo va a compensar de sobra con los ingresos por los derechos de emisión de CO2, que se han triplicado. Han pasado de 7 a 21 euros por tonelada y permitirán que Hacienda se embolse por ello en torno a 1.200 millones.

Los derechos de emisión de CO2, principal responsable de la subida de la luz, aportan los ingresos que pierde. Paradójico

Paradójico porque esos derechos son los principales responsables de la subida del precio de la luz. Encarecen un euro cada kilovatio porque están incluidos en el precio de la energía, que representa un 30% de la factura que paga el consumidor. El resto son peajes (50%) e impuestos e IVA (20%).

Ahora bien, si los precios del CO2 corrigen a la baja la tendencia alcista actual (debida en gran medida a la especulación sobre los derechos), repercutirá en el aumento del déficit de tarifa.

La prioridad para la ministra, en su declaración de intenciones, es enviar señales claras por tierra, mar y aire de que todo pasa por las energías renovables, con el impulso de contratos bilaterales a plazo (PPA), un modelo atractivo en las remuneraciones que da seguridad a las inversiones y al autoconsumo (sobre todo compartido) porque la energía fotovoltaica produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final.

Esos cambios ya “están en marcha, aunque vamos tarde”, dijo Ribera, que trabaja tanto en definir los “objetivos ambiciosos de generación a partir de las renovables” como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2021-2030, un punto en el que tampoco hizo nada gobierno anterior.