El lunes 22, Telefónica y los sindicatos firmarán el acuerdo para ejecutar el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la nueva dirección de la teleco liderada por Marc Murtra.

Una negociación entre una empresa presidida por un socialista catalán, cuyo principal accionista es el Estado, o sea, Moncloa, y unos sindicatos de izquierdas sumamente agradecidos a Moncloa, o sea a Sánchez, por el inaudito aumento de subvenciones públicas que han recibido desde 2018.

¿Alguien esperaba una negociación dura? Si algo ha marcado las conversaciones entre las partes ha sido el servilismo de los sindicatos con Moncloa lo que, por otra parte, ha dejado de manifiesto la nula relevancia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Fue ella la que logró que el ERE no fuera la medida estrella del nuevo plan estratégico de la teleco, ‘Transform & Grow’, pero nada más. El ERE ya está acordado.

Y no cualquier ERE: se trata del segundo con más salidas en la historia de Telefónica, sólo superado por el del año 1999, dos años después de su privatización, que supuso la salida de 10.840 trabajadores, hasta el año 2001.

Desde entonces no se había producido un ajuste tan grande como el actual. Ni siquiera el de 2024, que supuso la salida de 3.421 empleados. Entonces, con José María Álvarez-Pallete como presidente, los sindicatos fueron mucho más duros en la negociación y lograron una reducción del 33% en el número de afectados y, más importante aún, que todas las salidas fueran voluntarias.

Ahora, UGT y CCOO se han conformado con una reducción del 25% en cuanto al número de afectados planteados por la dirección, hasta situarse entre un mínimo de 3.765 y un máximo de 5.040 salidas. El número final dependerá de las adhesiones voluntarias, de tal manera que si son 3.765 no habría más afectados, pero sin fueran inferiores a esa cifra, la diferencia se cubriría con salidas forzosas. Esa fue una línea roja del ERE de 2024 que ahora han eliminado los sindicatos, ellos sabrán por qué.

En cuanto a las condiciones económicas del ERE, son muy similares a las de 2024, incluidas prejubilaciones a pesar del impacto negativo que tienen en las cuentas de la Seguridad Social. En definitiva, una negociación casi entre colegas, sin malas caras, sin líneas rojas ni ultimatums, y firmado antes de fin de año, como quiere Murtra, para que el impacto negativo se contabilice en las cuentas de 2025 y, de alguan manera, maquile los fiascos de su gestión, que han sido unos cuantos. Por ejemplo, las ventas de Hispanoamérica.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, UGT y CCOO han visto cómo el total de subvenciones públicas percibidas se han disparado, especialmente entre los años 2020 y 2024, cuando recibieron 380 millones de euros, según La Razón: 202 millones UGT y 179 millones CCOO.

Esto recuerda aquella viñeta de Mingote en la que un trabajador le dice a otro: “La clase trabajadora empieza a estar harta. Y en cuanto haya un gobierno de derechas nos van a oír”.