Teresa Ribera y María Jesús (Marisu) Montero se han lucido con el nuevo impuestazo a las energéticas. Y es que en 2022 la inversión extranjera directa en el sector se hundió a la mitad, en concreto un 48%, a 3.360 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado y Comercio a los que ha accedido The Objective.

Recuerden que el citado impuestazo se aprobó a finales de 2022, pero se anunció meses antes. Un tributo que no grava los beneficios sino el 1,2% de los ingresos de las energéticas que facturaran más de 1.000 millones de euros anuales ya en el año 2022 y que también se aplicará en  las cuentas de 2023. 

A finales del pasado agosto, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, ya advirtió de sus posibles efectos negativos subrayando que “no es para los ricos” y que va a dañar inversión y empleo industrial. Y tras ver sus efectos en las cuentas de algunas energéticas (por ejemplo, Cepsa), ahora se ven las consecuencias en la inversión extranjera en el sector.

Al impuestazo energético se suman las alusiones a la importancia de la seguridad jurídica por parte de múltiples directivos energéticos: Ignacio S. Galán, presidente de Iberdrola; Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; y Antonio Brufau, presidente de Repsol; entre ellos. A la petición de un marco regulatorio predecible, se añade también la exigencia de una regulación que agilice la tramitación de proyectos renovables, aspectos que tampoco han sido favorables a la inversión. Además, Brufau e Imaz han avisado a Ribera y al resto de la Unión Europea de que su modelo de transición energética es un fracaso y debe repensarse. 

Sin embargo, la vicepresidenta ecológica sigue defendiendo su política energética y que el impuestazo es justo, mientras la ministra de Hacienda está feliz porque puede engordar aún más las arcas públicas.