Siemens y la francesa Alstom siguen adelante para culminar su fusión en enero de 2019 y crear el gigante europeo, pero la germana se está topando con más de un problema en España por lo que afecta a su división ferroviaria, Mobility España. Como suele ocurrir en este tipo de operaciones, una cosa es el plan sobre el papel y otra, bastante más compleja, el modo de ejecutarlos. Ahí, lo que son las cosas, el gigante alemán ha patinado tanto con el equipo ejecutivo español, que ha denunciado el acoso para acabar en cese, como con los trabajadores, sin nuevo convenio desde 2013 y con el sueldo congelado desde 2015.

Hablamos de una multinacional obsesionada por la imagen que quiere dar -tiene medios para hacerlo, como se ha visto recientemente, tras las quejas, fundadas, de Iberdrola tras la fusión con Gamesa-, pero esa misma imagen, desde dentro, haría sonrojar a su propia presidenta, Rosa García, que se ha vanagloriado a veces de que no hay mejor empresa que Siemens para trabajar.

Los problemas que está encontrando tiene varios frentes, pero el de más actualidad está en los 600 trabajadores de la filial Siemens Rail Automation, la antigua Dimetronic, en las plantas madrileñas de Tres Cantos (500) y San Fernando de Henares (100). Llevan dos años negociando el convenio, pero no hay modo de avanzar. O cuando lo hacen, como ha ocurrido, acaban torciéndose, entre otras cosas porque la empresa está más pendiente de lo que le lleva desde Alemania, para la fusión con Alstom, que de la propia negociación. Eso, en fin, suele confundir a la dirección a la hora de negociar.

Fernando Ortega, el jefe de los servicios jurídicos, ante el juez por delitos contra la libertad y por coacción

Antes del conflicto laboral actual, Siemens tuvo problemas con el equipo español que han entrado ya en fase de instrucción judicial, tras la admisión a trámite de tres querellas de exdirectivos españoles contra la dirección de Siemens por delitos contra la libertad y por coacción. Fueron presentadas por Jesús Guzmán, presidente de Dimetronic cuando la compró Siemens en 2013, culminó después la fusión y estaba al frente de Mobility España hasta su despido en enero.

Esos presuntos delitos se cometieron durante un proceso de investigación interna en 2017 que emprendió Siemens para evitar recelos de Competencia y que fue dirigida por Fernando Ortega, jefe de los servicios jurídicos de Siemens, que tendrá que comparecer ante el juez. Entre las pruebas de amenazas y coacciones a las que fueron sometidos los directivos hay grabaciones aportadas como prueba. El fin era conseguir declaraciones de esos ejecutivos para rebajar una posible multa.

El trasfondo, en cualquier caso, es el mismo: la deseada fusión con Alstom, que necesita el visto bueno de la CNMC y otros reguladores europeos. Paradójicamente, ese mismo imperativo salpica también a los trabajadores de la plantilla.

La renovación del convenio colectivo sigue estancada por falta de cintura. El último es de 2013

Hay una fecha en el calendario para esa fusión, que es el 31 de junio, antes de la fusión final en enero de 2019. Para finales de junio se supone que debe ser una realidad la fusión de Siemens Rail Automation -con nuevo consejero delegado desde hace un mes, Agustín Escobar- y Siemens SA, que preside Rosa García.

Eso explica, a su vez, el itinerario del convenio colectivo. Hay prisa para la empresa, como quien dice. Claro que esa prisa, en fin, a los trabajadores, con reivindicaciones claras, les trae sin cuidado, entre otras cosas porque no cobran los retrasos desde hace cuatro años. Por ese motivo iniciaron movilizaciones en marzo, con paros parciales -informamos al respecto en el estallido en la división ferroviaria, siguieron en abril (los días 9 a 12), pero no se han traducido hasta ahora en avances claros en la negociación.

Sí lo han notado los empleados, no obstante, en el aumento de las presiones internas, desde mandos intermedios, para frenar las huelgas, lo que más teme la empresa por cuestiones de imagen y de daño reputacional.

En lo otro, el convenio, no hay avances, sino todo lo contrario. Si el principal punto en discordia hasta marzo era el artículo 10 del convenio (el bonus por jubilación anticipada) -la dirección lo quería suprimir-, ese punto se ha convertido en prenda ahora para rebajar el resto de propuestas sobre las que ya había acuerdo.

El comité de empresa denunció otra anomalía, vinculada a ese mismo artículo: la suspensión en 2015 de una póliza externalizada a la que obliga la normativa laboral.

¿Qué puntos ha rebajado Siemens? Los demás. A saber, los aumentos salariales para este año -de una sabida del 2% al 1,7% en los consolidables y a un máximo de 1,5% en los no consolidables-, los distintos pluses -por desplazamientos u horas extras (hasta ahora una entelequia salvo los fines de semana; o sea, que no se pagan), las propuestas sobre contrataciones (plan de igualdad) y sobre equipos profesionales, de acuerdo con las funciones reales. 

No pierdan la pista

Telefónica, Iberdrola y Gas Natural han sido protagonistas, esta semana, por distintos motivos.

La operadora tiene un acuerdo con Netflix. Implica un giro estratégico en distribución de contenidos, pero supone también una advertencia de Álvarez Pallete a Jaume Roures de que puede cambiar de modelo y sustituir el fútbol por las series. Curioso, el acuerdo, que llega en plena negociación por los derechos televisivos de la próxima Champions, se produce tras incorporación de Javier Solana al Consejo de Ciberseguridad de Telefónica.

Iberdrola es doble protagonista. Por un lado, se ha adjudicado un proyecto eólico en el mar (off-shore) de 2.400 millones en EEUU. Supone una de las mayores inversiones para eléctrica de Sánchez Galán en energías renovables, decidido como está al abandono de las tecnologías contaminantes.

La energía nuclear no está en esa lista -es limpia- pero Iberdrola se ha quejado de la fiscalidad y ha amenazado a Nadal con el cierre de esas plantas. El rifi-rafe ha vuelto a flotar, estas semana, en la presentación por el Foro Nuclear de los resultados del sector en 2017.

En paralelo, tendrá que esperar al 4 de junio para saber si gana la puja con la italiana Enel por el control de la distribuidora Eletropualo. Es la fecha prevista y ya se sabe que no habrá más ofertas: soló acudirá la propietaria de Endesa y Neoenergía, filial de las española.

También ha sido noticia Gas Natural Fenosa, y lo será más cuando se sepan los nombres del nuevo equipo de Francisco Reynés. De momento, el Consejo se ha reducido a 12 frente a los 17 que tiene ahora, ajustándose a los grandes accionistas, pero el peso de La Caixa es más grande de lo que parece, frente a fondos GIP y CVC.

Hispanidad ha informado, en paralelo, de las claves del plan estratégico de GNF, una combinación de gas y energías renovables.