El exbanquero Jaime Botín (86 años) no vio alterada su fortuna por el pago de la multa de 91,7 millones de euros por contrabando con el cuadro ‘Cabeza de mujer joven’, obra de Pablo Picasso y que no podía salir de España. Una multa que abonó el verano pasado.

Y es que se autoconcedió una línea de crédito de 100 millones de euros de su sociedad, Cartival, a devolver en 10 años y un tipo de interés de euribor a un año más diferencial al 1%, según informa El Economista, tras acceder a sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Y de dicha línea de crédito, el exbanquero había dispuesto de 98,3 millones al cierre de 2021.

Jaime Botín, a través de Cartival, es el mayor accionista de Bankinter (controla el 23,191% y uno de sus hijos, Alfonso, es el vicepresidente ejecutivo del banco y el presidente de su Comisión Ejecutivo). Asimismo, es el primer accionista de la aseguradora Línea Directa, de la que Cartival posee un 19,15% y Bankinter, un 17,415%.

El horizonte penal del exbanquero no se limita al contrabando de un Picasso: fue condenado a pagar 500.000 euros por ocultar acciones de Bankinter durante la refriega con Credit Agricole, y la Fiscalía pedía 27 meses de prisión y una multa de 2,2 millones por la acusación de fraude fiscal al deslocalizar un avión en Portugal

Recuerden que Botín fue condenado a tres años de prisión y una multa de 91,7 millones por contrabando con el citado cuadro de Picasso. Es cierto que ha pagado la multa, pero se ha librado de la pena de cárcel: así lo decidió el Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid, después de analizar el informe remitido por el médico forense adscrito al juzgado y en el que se aseguraba que Botín, de 85 años (en aquel momento), padece una enfermedad grave “con padecimientos incurables”.

Claro que no hay que olvidar que el horizonte penal del exbanquero no se limita al contrabando de un Picasso. En julio de 2020, fue condenado por la Audiencia Nacional a pagar 200.000 euros por ocultar acciones de Bankinter durante la refriega con el banco francés Credit Agricole, que quiso hacerse con la entidad española. Esta multa se sumó a otra de 300.000 euros por el mismo motivo que le condenó a pagar el Tribunal Supremo en junio de 2019. Asimismo, en noviembre de ese mismo año, la Fiscalía elevó su petición a 27 meses de prisión (o sea, dos años y tres meses) y una multa de 2,2 millones para Jaime Botín, acusado por fraude fiscal al deslocalizar un avión en Portugal, pese a que ya había devuelto la totalidad de la cantidad defraudada (un millón de euros).