Galán, más ‘generoso’ con los accionistas que con los empleados españoles
Parece que Iberdrola se afana más en contentar a sus accionistas que a sus empleados, pues la Audiencia Nacional le ha condenado a elevar el sueldo un 10% a más de 1.500, dando la razón a los sindicatos UGT y CCOO. Eso sí, deberá hacerlo para estos y las futuras incorporaciones a partir de la nómina de junio, sin perjuicio de su recurso ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional ha dado la razón a los sindicatos al constatar que “queda acreditada la existencia de una doble escala salarial ilegal por no encontrarse justificada”. Y es que desde el convenio colectivo firmado por los sindicatos SIE, ATYPE y USO en otoño de 2020, la eléctrica aplicaba una reducción salarial del 10% para el personal contratado a partir del 1 de enero de 2021. UGT y CCOO llevaron a Iberdrola ante la Audiencia Nacional el pasado noviembre, que les dio la razón el pasado 29 de febrero y ahora se verá reflejado en incrementos del 10% en las nóminas de junio de más de 1.500 trabajadores, el 17% de la plantilla en España (8.900).
Los sindicatos han intentado alcanzar un acuerdo sobre la retroactividad de la sentencia y el recurso de Iberdrola ante el TS, pero “ha sido imposible por las exigencias inasumibles de la dirección de Recursos Humanos”. Por ello, llevarán, de nuevo, a Iberdrola a la AN para que se declare la retroactividad desde 1 de enero de 2021
En paralelo, cabe recordar que desde el pasado 29 de febrero, los sindicatos han intentado alcanzar un acuerdo sobre la retroactividad de la sentencia y el recurso de Iberdrola ante el TS, pero “ha sido imposible por las exigencias inasumibles de la dirección de Recursos Humanos”. Por ello, UGT y CCOO llevarán, de nuevo, a Iberdrola a la AN para que se declare la retroactividad desde 1 de enero de 2021, cuando entró en vigor el citado convenio colectivo, y no desde el 1 de marzo de 2024.
Reseñar que no es el primer lío en materia salarial entre la eléctrica y los dos sindicatos mayoritarios en lo que va de año. Hace casi cuatro meses, UGT y CCOO criticaron que la plantilla de Iberdrola en España había tenido un incremento salarial del 3,04% en los últimos cinco años, frente a un IPC que había aumentado un 15,6%, por lo que habían tenido una pérdida de poder adquisitivo del 12,56%. Sin embargo, también señalaban que en el mismo periodo, el presidente, Ignacio S. Galán, habría cobrado un 32,69% más en el mismo periodo, pasando de 10,43 millones de euros a 13,836 millones en 2023, cifra que le convirtió en el mejor pagado dentro del sector energético de nuestro país en 2023.
Sin embargo, la eléctrica parece que se afana más en tener contentos a sus accionistas, entre los que destacan: el fondo soberano de Catar -QIA-, con un 8,71% del capital; el fondo de inversión estadounidense y colonizador del Ibex, BlackRock, con un 5,3%; y el fondo soberano de Noruega Norges Bank, con un 3,45%. Asimismo, algunos de los consejeros también tienen pequeñas participaciones, destacando el propio Galán, con un 0,242%. Iberdrola ha anunciado que repartirá un dividendo complementario de 0,351 euros por acción, un 11,1% superior, en línea con el compromiso de aumentar el dividendo en línea con la evolución de resultados. Así se puede ver en la nueva edición del sistema ‘Iberdrola Retribución Flexible’ que contempla tres opciones no excluyentes: los accionistas podrán cobrar en efectivo, vender sus derechos de asignación en el mercado o bien lograr nuevas acciones de forma gratuita. Y para dicho dividendo flexible, la eléctrica ha reducido su capital social en 137,47 millones de euros amortizando 183,3 millones de acciones propias.
