El ‘banco malo’ fue una mala idea y el cambio de titularidad -ahora el Estado posee más del 50%- no va arreglar las cosas, aunque sí servirá para camuflar sus pérdidas millonarias. Nos referimos al traspaso de viviendas de la SAREB a ayuntamientos y comunidades autónomas para convertirlas en vivienda social. Será la manera de ocultar el desastre de la SAREB, que en ocho años ha vendido 20.000 millones y acumula pérdidas por 14.000 millones.

Al mismo tiempo que se destinan inmuebles a vivienda social, Blackstone y KKR gestionarán activos por 25.300 millones, en virtud del acuerdo alcanzado con la entidad en abril. De ellos, 13.300 millones son créditos al promotor impagados y el resto, inmuebles residenciales, suelos y activos terciarios para el mercado minorista. Un chollo para los fondos buitre, que no arriesgan nada y pueden ganar mucho.

En este contexto es en el que la junta de accionistas celebrada en la tarde del miércoles aprobó cambios significativos. Leopoldo Puig fue nombrado nuevo consejero delegado y José María Arroyo, nuevo director financiero. El consejo, además, adoptó el modelo Herrhausen de gobernanza: el presidente, que sigue siendo Javier Torres, se queda con la Secretaría General, la Comunicación y la Auditoría, mientras el Ceo asume la responsabilidad sobre todo lo demás.

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También hubo salidas. La secretaria general, Marisa García Camarero, y la directora de Gestión de Porfolio, Ana Aranguez, presentaron su dimisión por motivos personales. Carmen Allo, por su parte, fue nombrada consejera independiente y Julián Navarro, consejero dominical en representación del Frob.

Muchos cambios para un único fin: camuflar el desastre de la SAREB destinando inmuebles para vivienda social… que finalmente pagaremos los contribuyentes. Ya lo estamos haciendo.