En Celsa, sus accionistas actuales (y antes acreedores) son varios fondos de inversión desde 2022, cuando se hicieron con el control y la propiedad a través de una reestructuración de deuda (en la que participaron los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs) y la posterior conversión en capital, que avalaron los tribunales, sacando así a la familia Rubiralta de la propiedad y la gestión. Esto no es baladí, pues ahora estos fondos han recibido un primer golpe judicial, pues el juez ha absuelto al expresidente, Francesc Rubiralta Rubió, y no tendrá que pagar los 504,5 millones que le reclamaban los fondos, por ahora.

El Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona, que tiene como titular al magistrado FlorencioMolina, ha desestimado la acción de responsabilidad social que impulsaron los fondos contra Francesc Rubiralta Rubió por conducta contraria a su deber como administrador. Eso sí, la sentencia aún no es firme, pues cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, pero sí es una victoria dentro de la batalla judicial entre los fondos que controlan la siderúrgica catalana y el que fue el último representante de la familia Rubiralta.

Antes de entrar con más detalle en el fallo judicial, conviene no perder de vista que los fondos Strategic Value Partners (SVP), Attestor, DWS, Golden Tree, Cross Ocean, Anchorage, Sculptor (ahora propiedad del fondo Rithm Capital) han actuado al estilo del fondo Apollo, que es uno de los más especulativos del mundo y fue fundado por Leon Black. Este último inventó el loan to own (préstamo con opción a compra)- y al que imitan otros muchos fondos al comprar deuda de una empresa para luego forzarla a renegociarla, siempre al alza,… y si esta no logra pagarla, al final se quedan la compañía y en muchos casos la acaban troceando y vendiendo... Así se ve en Celsa, donde ya han vendido las filiales de Reino Unido y Noruega por 625 millones y se ha puesto en marcha un plan de rotación de activos (como prefiere denominarlo su presidente, Rafael Villaseca). 

El crédito se remonta a los años de 2006 y 2009, cuando Frances Rubiralta Vilaseca y su hermano José María decidieron dividir la empresa familiar en dos (por un lado, Celsa y por otro, Werfen ), después de que surgieran las diferencias entre ambas ramas familiares con la incorporación de la segunda generación

Volvamos al caso judicial. Los fondos llevaron a Francesc Rubiralta Rubió a los tribunales y le pedían el pago de 504,5 millones de euros por no haber reclamado un crédito intragrupo de 469 millones a sociedades patrimoniales de su familia cuando estaba al frente de la compañía. El juez Molina ha señalado que actuó bien al no haber reclamado la cifra de un crédito intragrupo “incobrable desde su origen y que precedía a su nombramiento como presidente de la siderúrgica catalana a finales de 2010, tras fallecer su padre, Francesc Rubiralta Vilaseca. En concreto, dicho crédito se remonta a los años de 2006 y 2009, cuando este último y su hermano JoséMaría decidieron dividir la empresa familiar en dos (por un lado, la siderúrgica Celsa y por otro, Werfen ), después de que surgieran las diferencias entre ambas ramas familiares con la incorporación de la segunda generación desde 2006: Francesc (padre) se quedó con Celsa y retiró 212 millones para compensar a su hermano, y más adelante, se retiraron otros 250 millones para financiar el crecimiento de la siderúrgica catalana. Al hilo de esta última cifra, los fondos sostienen la acusación de que acabaron en los bolsillos de la familia fundadora.

El magistrado Molina ha considerado acreditado que el citado crédito nunca fue reclamado por los Francesc Rubiralta Rubió ni por el resto de miembros del consejo de administración ni por el resto de socios ni por los acreedores (los fondos que ahora son los dueños de Celsa). Asimismo, ha referido que las sociedades que se beneficiaron del préstamo no tenían capacidad para su amortización pues “carecían de activos, ingresos o capacidad operativa, y su única función consistía en la tenencia de las acciones del grupo”. Además, ha sentenciado que no ha existido conducta ilícita ni daño patrimonial imputable al demandado en relación con el citado crédito intragrupo.

El juez refiere referido que las sociedades que se beneficiaron del préstamo no tenían capacidad para su amortización pues “carecían de activos, ingresos o capacidad operativa, y su única función consistía en la tenencia de las acciones del grupo”

Eso sí, el capítulo judicial entre Celsa y los fondos no ha acabado. Contra la sentencia del Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona cabe recurso, y tiene otros dos frentes en los juzgados por responsabilidad social pendientes: uno por un préstamo fraudulento de 22 millones y otro por administración desleal por retribuciones excesivas. Claro que también hay que tener en cuenta que la siderúrgica no va bien (tuvo pérdidas en 2024) y sigue buscando socio tras el ‘no’ de Criteria Caixa, que en un principio barajó hacerse con un 20% del capital.