Duro informe de la Fiscalía Anticorrupción, a favor del desaparecido Banco Popular
La Fiscalía Anticorrupción (ver archivo adjunto) solicita a la Audiencia Nacional el archivo del Caso Popular, en su 'versión pequeña': la ampliación de capital de 2012, que inició el juez Santiago Pedraz con Miguel Durán -sí, el exhombre de la ONCE- como portaestandarte. Don Miguel nunca deja pasar una oportunidad.
Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción (FA) pide el archivo de la causa, amparándose en el informe del Santander y de otros documentos que, según la Fiscalía, fueron solicitados al Banco Santander, el mismo que años después se hizo con el Popular por un euro.
Es la causa pequeña pero, en ella, FA utiliza los mismos argumentos que la defensa del encausado Ángel Ron, expresidente, al asegurar -la Fiscalía, no la defensa de Ron-, que la información que se suministró a los accionistas reflejaba la imagen fiel de la entidad.
No sólo eso, al retrotraernos a 2012, la famosa Fiscalía certifica que la adquisición del Banco Pastor se realizó dentro de la normativa exigible, sin que el precio que se pagó por la entidad, ni la cuantía reflejada en el fondo de comercio, estuvieran valorados de manera incorrecta.
Recuerden que el Popular adquirió el Pastor sin que nos costara un duro a los españoles, por indicación del Banco de España y de la Junta de Galicia.
El informe de FA también asegura que se cumplieron todos los requerimientos normativos exigidos relativos a los fondos propios que, desde la crisis de 2008, para desgracia de todos, constituye la clave de la solvencia del sector bancario.
Dice más: los peritos del Banco de España (BdE) han considerado suficiente la documentación facilitada por el Popular para la ampliacion de capital de 2012, pudiendo los potenciales compradores tener una visión adecuada y completa del estado en que se encontraba el Popular... para poder decidir acerca de si era aconsejable acudir a la ampliación de capital de 2012.
Recuerden que el motivo de la ampliación fue atender al escenario adverso previsto por Oliver Wyman, convertido en aquel entonces, tras la mencionada crisis financiera, de 2008, más bien de 2007, en el Pope-sabio-mandamás que decidía la cantidad de recursos que correspondía apoquinar a cada banco.
Por último, Fiscalía asegura que la ampliación de 2012 dejó al banco en una posición saneada en lo referente a la exposición al sector inmobiliario, lo que le permitiria incrementar sustancialmente y, a más a más, que fue una buena inversión, con revalorizaciones importantes en casi los tres años posteriores a la ampliación: por todo ello solicita el sobreseimiento de la causa.
Ahora bien, esta petición de archivo referente a la ampliación de 2012, ¿sienta precedente para la ampliación de 2016, que ha llevado al banquillo al expresidente Ángel Ron? Por supuesto que sí. Los argumentos de la Fiscalía sobre la bonanza de la ampliación de 2012, con Ron como presidente, son los mismos que emplean los peritos del Banco de España para la ampliación de 2016, también con Ron como presidente. Dicho de otra manera, José Luis Calama no ha conseguido sacar nada sucio, en casi un lustro de instrucción, que demuestre dolo por parte de Ángel Ron o de su Consejo y su equipo directivo.
Me centro en Ángel Ron, porque las sospechas sobre Emilio Saracho, el otro encausado, quien tan sólo estuvo cinco meses al frente de la entidad es muy distinta: la sospecha sobre Saracho consiste en que, como ya hemos explicado en Hispanidad repetidamente, llegó al Popular, no para sanear el Popular, sino para que éste fuera vendido, más bien regalado, al Banco Santander.
Para la europea Junta de Liquidación (JUR) la intervención, con nocturnidad y alevosía, del 'Popu' sirvió como maniobra con fuego real para solventar futuras crisis bancarias.
Bueno, por el momento la mandamás de la JUR, Elke König, se ha librado del encausamiento más por ser alemana que porque la intervención del Popular fuera un éxito como precedente. De hecho, y dado el follón que ha montado, este método no se ha vuelto a utilizar en Europa y la idea es la de que nos volverá a utilizar jamás. En cualquier caso, porque aún no ha terminado y porque, aún hoy, los accionistas perdedores tienen oportunidad de reclamar su dinero y la responsabilidad civil del Santander, continúa siendo una posibilidad que está ahí.
De cualquier forma, el caso de 2012 que inició el juez Pedraz, ¿puede servir como precedente para la demorada solución del otro juzgado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama en la 'causa grande' del caso Popular? Desde luego, debería.
