Bruselas ha multado con 329 millones de euros a Glovo y DeliveryHero, dos plataformas de reparto a domicilio que han ido estrechando sus vínculos desde julio de 2018, cuando la segunda decidió entrar en la primera, y hasta julio de 2022, cuando cerró su compra total, una operación valorada en unos 2.300 millones. Este lunes, Teresa Ribera les ha acusado de repartirse los mercados y otras prácticas abusivas, como el intercambio de información sensible o pactos para no contratar empleados de la otra marca.
Todo esto se consideran violaciones de las reglas de competencia de la Unión Europea. La vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva no manda mucho en la Comisión Europea, pero al ser la máxima responsable de Competencia le ha tocado informar de la citada multa por violar las reglas de competencia con prácticas abusivas. De hecho, Bruselas sitúa el inicio del supuesto ‘cártel’ de ambas plataformas (la española Glovo y la alemana Delivery Hero) en julio de 2018 y, aunque dichas prácticas dejaron de ser punibles cuando la alemana se comió a la española, se les acusa de haber ido retirando las restricciones competitivas entre ambas durante cuatro años.
Por todo esto, Bruselas ha impuesto una multa de 223,2 millones a Delivery Hero y otra de 105,7 millones a Glovo. Eso sí, les ha aplicado un 10% de reducción por haber reconocido su participación en el cártel y asumir su responsabilidad. ¡Demasiada generosidad en la Comisión Europea!.. con una plataforma ‘chantajista’ como Glovo, que hace casi dos años, amenazó con subir precios si no les bajaban los impuestos. Y por cierto, Delivery Hero ha presumido de cooperar “plenamente” con Bruselas en la investigación... y de haber provisionado 400 millones con anterioridad ante la posible sanción.
Claro que no hay que perder de vista que en España hace tiempo que la CNMC registró las sedes de Glovo y Delivery Hero por supuestas prácticas anticompetitivas, con algo de lentitud, pero desde luego no tanta como la Comisión Europea. Además, Glovo también ha sido investigada por el Ministerio de Trabajo, al igual que Uber Eats, por contratar a repartidores extranjeros sin papeles... a pesar de que está en vigor la ‘ley rider’ que lanzó Yolanda Díaz, sobre todo, contra los falsos autónomos de las plataformas de reparto a domicilio.
