Decíamos que Beatriz Corredor era el mayor fracaso empresarial del Sanchismo, como se refleja desde que está a los mandos de Redeia (cargo que asumió en febrero de 2020 cuando aún se llamaba Red Eléctrica de España y no se limitaba dicho nombre a la filial encargada de operar el sistema eléctrico). Y es que no sólo es un desastre para la red eléctrica, sino también para la gran industria, los consumidores y los promotores de viviendas.

La exministra socialista y amiga de Pedro Sánchez es la culpable del famoso apagón que vivió la Península Ibérica el 28 de abril de 2025, pero sigue sin asumir ninguna responsabilidad al respecto, limitándose a culpar a las eléctricas. Estas últimas han respondido a la inversa, acusando a Red Eléctrica, lógicamente, y desde la CNMC se ha intentado proteger a Corredor abriendo expedientes sancionadores a ambas partes.

Cabe recordar que desde el citado apagón, el sistema eléctrico funciona con operación reforzada para garantizar la estabilidad de la red (lo que se traduce en más ciclos combinados de gas) y así los costes de operación se han disparado un 37%, hasta 3.570 millones de euros, en los ocho primeros meses del año, según el último informe del Observatorio del coste de los servicios de operación (en el que figuran las patronales de grandes eléctricas -Aelec-, comercializadoras independientes -ACIE y Acenel-, industria electrointensiva -AEGE- y de empresas -CEOE-)-. Los costes de los servicios de operación suelen suponer el 7% de la factura de un consumidor doméstico, el 10% para una pyme y hasta un 17% para una empresa o industria electrointensiva.

En paralelo, Red Eléctrica ha incrementado el uso del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), con el que se corta el suministro a la gran industria para equilibrar el sistema eléctrico y evitar apagones. Antes se trataba de un mecanismo que se utilizaba de forma excepcional, pero ya se ha activado seis veces en menos de dos meses hasta el pasado viernes 4 de septiembre. Y todo esto en un país que sobra energía, como demuestran los vertidos renovables por la falta de desarrollo de almacenamiento, así como las exportaciones de luz y gas.

Sin embargo, Corredor continúa sin afrontar la urgente necesidad de invertir en las redes eléctricas, algo que no sólo está lastrando inversiones y proyectos empresariales, sino también la electrificación y la construcción de viviendas. Asimismo, tiene suspenso en interconexiones entre España y el resto de la Unión Europea: el objetivo era llegar, al menos, al 10% en 2025 y al 15% en 2030, pero actualmente el nivel es de apenas el 3%. Y ojo, porque Francia condiciona el desarrollo de nuevas interconexiones a que los beneficios compensen los costes porque el presupuesto de la del Golfo de Vizcaya ha pasado de 1.750 millones de euros a 3.100 millones, a pesar de haber recibido alguna subvención europea, según informa El Economista. Por ahora, lo primero es acabar la interconexión del Golfo de Vizcaya, que se prevé que entre en operación en 2028, y se aplazan las decisiones sobre nuevos corredores hasta comprobar los resultados de esta. Y en este escenario, no hay que olvidar que hace unos meses, España y Portugal reclamaran a Bruselas más financiación para interconexiones eléctricas.