Lo primero: tomarse su tiempo para leer el escrito de Defensa (ver adjunto) del anterior presidente del Banco Popular, Ángel Ron, para quien el instructor del caso, el juez José Luis Calama, exige 6 años de prisión.

Podemos hablar de tres elementos en el escrito de defensa de Ron. De menor a mayor: la ampliación de capital de 2016, al que se aferra el juez instructor, contra el parecer de sus propios peritos, la actitud del exonerado Emilio Saracho y la petición, atención a este punto, de Ron de que declare Andrea Orcel, el banquero italiano que primero fue nombrado y luego des-nombrado, por Ana Botín como CEO del Grupo Santander y que ahora dirige Unicredit.

Respecto a la ampliación de 2016, ya lo hemos dicho todo en Hispanidad: el juez se aferra a la ampliación de capital de 2016, un año antes de la intervención, cuando dicha ampliación pasó todos los filtros, y lo que es más determinante, fue suscrita por los propios consejeros inculpados y por el propio presidente... ¡en un 20% del total!

Es decir, que Ángel Ron no sólo era un estafador sino un idiota que se hacía trampas en el solitario para perder su propio dinero y el de sus consejeros. ¿Complicado de creer, verdad?

En segundo lugar, Ángel Ron denuncia la insondable actitud de Emilio Saracho, su sucesor en la Presidencia del Popu, precisamente el hombre al que ha exonerado el juez Calama. Algo incomprensible, sobre todo desde el testimonio del exportavoz del Banco Popular, Carlos Balado, quien aclaró que fue Saracho el que habló con El Confidencial para contarle -sí, el mismísimo presidente a un medio de comunicación- que la entidad estaba al borde de la quiebra lo que, además de curioso, era falso.

El problema de que Ángel Ron sea condenado es doble: de un lado exonera al culpable de la caída ("No tengo ni puta idea de cómo se gestiona este puto banco") y condena al inocente, que presidía un banco sólido, al que el mercado asignaba un valor de 1.300 millones de euros y al que los peritos reconocen un valor patrimonial de 11.000 millones. En segundo lugar, crea un peligrosísimo precedente de cara a la unión bancaria, cuyo principal escollo radica en que los bancos quebrados deben quebrar y accionistas y bonistas del quebrado no cobrar un duro, pues asumieron un riesgo y lo perdieron.

Y así debe ser... menos cuando se miente (el Banco Popular era "solvente y rentable") y cuando se utiliza un modelo, de suyo loable con la torticera intención de demostrar el poder de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (la JUR que intervino el Popular, con la venenosa Elke König a la cabeza, es Comisión de Bruselas no como el  BCE de Francfort). La JUR ha utilizado al Popular para imponer sus reales a un país soberano, pero débil, como es España. Cuando lo han intentado, por ejemplo, con el Monte de Pascua de Siena, el Gobierno italiano les paró los pies: a mis bancos los refloto yo.

España, por contra, creó un precedente peligroso, otorgó a Bruselas una fuerza de la que carece y que aplicó de forma injusta: el Popular no tenía que haber sido intervenido porque era, como dijeron los propios peritos del caso, a los que el juez Calama no hizo ni caso, un banco solvente y rentable.

Para entendernos, la intervención del Popular fue una injusticia manifiesta, posible por la extrañísima actitud de un presidente, Emilio Saracho, que cobró 41.000 euros por cada día de 'trabajo' en el Popular. ¿Quién envió Saracho a cerrar el Popular y entregárselo al Santander por un euro? Esta es la cuestión.

Pero la tercera parte del escrito de Defensa de Ron me parece más novedosa. Pide que el actual primer ejecutivo de Unicredit, Andrea Orcel, testifique. ¿Por qué razón? Pues porque a lo mejor lo que se pretendía con la venta del Popular al Santander por un euro, no era salvar al Popular sino salvar al Santander. Y si alguien conocía bien la situación del Santander era Andrea Orcel. Acabó mal con Ana Botín y en esto tenía razón Botín, no Orcel, pero desde luego sabe de qué está hablando.

Y el otro cabo es Luis María Linde, exgobernador Linde, gobernador el 7 de junio de 2017 en que se produjo la intervención, que era el mejor conocedor del Santander y del Popular y a quien el juez Calama no ha hecho ni caso.

Todavía estamos a tiempo de que el juicio oral enderece un caso donde no se juega, tan sólo, la honorabilidad de los gestores del Popular, se juega, también que España deje de hacer el idiota en Europa y de que no se entronice la mayor mentira de los últimos años sobre la solvencia bancaria. Si el buen hacer bancario se guía por intereses políticos y por la avaricia de algunos banqueros dispuestos a hacer lo que sea con tal de cobrar un estipendio millonario... entonces no se habrá roto la banca española  sino dos elementos mucho más importante: la justicia española y la moral española.