La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado un paso contra la tiranía Covid de la vacunación forzosa. Y es que en un dictamen al que ha tenido acceso El País se censura esta práctica y se afirma que la salud pública o la vulnerabilidad de determinados grupos no son razones para justificar la administración forzosa de las vacunas contra el Covid-19.

Esto supone un punto positivo ante la ingeniería social que ha empezado el Gobierno en su respuesta al virus.. Esta se puede ver en distintas medidas: reducir la libertad (limitaciones del número de personas que se pueden reunir en las casas y en otros espacios, restricciones de movilidad…), prescindir de los sacramentos (reducir aforo de las iglesias y dificultades para comulgar en la boca), arruinar al propietario y subvencionar al vago…

El dictamen de la Fiscalía del Tribunal Supremo señala que ni la salud pública ni la vulnerabilidad son razones para la vacunación forzosa y subraya que ni la legislación sanitaria ordinaria ni el decreto del estado de alarma se establece el carácter obligatorio de las vacunas. Eso sí, añade que en los casos en que el consentimiento lo deba dar un representante legal habrá que atender siempre “al mayor beneficio para la vida o la salud del paciente”.

Ni la legislación sanitaria ordinaria ni el decreto del estado de alarma se establece el carácter obligatorio de las vacunas

Un dictamen que llega después de que Galicia haya aprobado una ley que prevé multas para quien se niegue injustificadamente a vacunarse y de que un juzgado de Córdoba (Andalucía) autorizara la vacunación forzosa de algunos residentes de una residencia de ancianos pese a la negativa de sus familiares. Y ojo, porque la tiranía Covid ha ido a más en España en las últimas semanas: en Aragón, las autoridades pueden dejar a una personas infectada en el lugar que ellos decidan, totalmente aislada y durante el tiempo que estimen oportuno.

Hace unos días, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, afirmó que ya se han administrado más 3,1 millones de dosis de las vacunas y sólo un 2% de las personas a las que se les ha ofrecido se han negado (incluyendo personas que no han podido recibirla por motivos médicos). Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este lunes que el pasaporte Covid o certificado de vacunación “es un tema fundamental para nuestro país, para restablecer cuanto antes la seguridad en los viajes internacionales, la confianza, y que vuelvan los turistas a nuestro país”.

Paralelamente, no hay que olvidar que la vacuna de Oxford-AstraZeneca y la de Janssen (filial de la estadounidense Johnson&Johnson, cuya vacuna acaba de ser aprobada en EEUU y que en los próximos días recibirá el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento) usan células o tejidos de bebés abortados. Aunque el Vaticano haya dicho que, al tratarse de líneas celulares producto de nonatos abortados, y siempre que no haya otro camino -los había y los hay, como muestran las vacunas de Pfizer y Moderna-, pueden ser moralmente aceptables al emplearse para las vacunas. Eso sí, la Iglesia sigue condenando el aborto y también la utilización de los cuerpos de los abortados como cobayas de laboratorio.