Insistimos: en esto de las medidas impuestas por el Estado, ya sea en su versión estatal, regional o local, para velar por nuestra salud y seguridad, hace falta, como en todo, un equilibrio. Porque te puedes pasar de la raya (en nombre de las citadas salud y seguridad) y convertirnos a los ciudadanos en seres reprimidos por el Estado en sus derechos y libertades.

Hispanidad ya informó de que, en Aragón, las autoridades pueden dejar a una persona infectada de Covid-19 en el lugar que ellos decidan, totalmente aislada y durante el tiempo que estimen oportuno. Y lo pueden hacer en virtud de la ‘Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón’, recogida en el BOE del martes 23 de febrero.

También recogió Hispanidad que en Galicia se ha aprobado una reforma de la Ley de Salud -impulsada por el PP de Núñez Feijoó- que establece multas de entre 1.000 y 600.000 euros para distintas infracciones sobre la salud pública, entre ellas la negativa "injustificada" a la vacunación.

Y se ha producido un último caso de arbitrariedad estatal en nombre de la salud y seguridad. Ha sido en Andalucía, donde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de la localidad de Priego de Córdoba (provincia de Córdoba) ordenó a la Consejería de Salud la vacunación de hasta cuatro usuarios de la residencia de mayores Arjona Valero después de que sus familiares rechazaran que fueran inmunizados frente a la Covid, informó Cordopolis.

Lo dicho: así empieza la ingeniería social, y así vamos sedimentando lo que ha sido la respuesta del Gobierno español al virus: reducir la libertad, prescindir de los sacramentos, arruinar al propietario y subvencionar al vago…