En Castilla y León sucede lo mismo que en muchas regiones de España: un gran número de médicos y personal sanitario de la sanidad pública se niega a realizar abortos y se acogen a la objeción de conciencia. La consecuencia es que muchas mujeres terminan acudiendo a centros privados para abortar, y eso es muy poco progresista.

En Castilla y León, gobernada por Alfonso Fernánez Mañueco, del PP, han decidido solucionar el problema y el miércoles aprobaron una iniciativa del PSOE -el PP siempre hace lo mismo con el aborto: nunca toma la iniciativa pero sí las apoya- para garantizar los abortos en los hospitales públicos de la comunidad, como adelanta Religión en Libertad. Votaron a favor PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

¿En qué consiste la iniciativa? En primer lugar, en actualizar los registros de objetores de conciencia donde los haya, y de crearlos donde aún no estén vigentes. En otras palabras: en señalar a los médicos de la sanidad pública que no quieran abortar, que son muchos, como hemos señalado al principio.

Porque una cosa es estar a favor del aborto y otra muy distinta es ser tú quien mate al feto y quien lo saque del vientre materno en trozos o calcinado, según la técnica empleada. Recuerden que, en la práctica, el aborto en España es libre hasta el mismo instante antes del nacimiento: basta alegar riesgo psicológico para la madre. Curiosamente, el 90% de los abortos en nuestro país son por esta causa.

Fernández Mañueco, que es muy progre, también apoyó que los métodos anticonceptivos sean gratis total para personas con escasos recursos económicos y no sólo para los jóvenes, como incluía la iniciativa original. Y es que, para acabar con la pobreza lo más eficaz es acabar con los pobres, preferiblemente antes de que nazcan.

El único partido que se opuso fue Vox. “Estoy solo en las Cortes, pero no en la calle, donde cada vez más gente apoya la vida”, afirmó Jesús García-Conde del Castillo a Religión en Libertad. Además de declararse defensor del derecho a la vida, “desde la concepción hasta la muerte natural”, García-Conde advirtió del peligro de la iniciativa, es decir, que “no se guarden las medidas de confidencialidad en los registros de objetores o se acaben filtrando, y sólo sirvan para estigmatizar a muchos profesionales”.

Mucho nos tememos que eso es, exactamente, lo que va a ocurrir.