Pablo Iglesias suspira por tener un banco público puro y duro, es decir, bajo gestión pública, preferiblemente la suya. Lo intentó con Bankia, pero no pudo ser. Nadia Calviño cerró esa opción a cal y canto, por lo que el vicepresidente segundo del Gobierno pensó en el ICO, que es menos glamuroso pero igualmente útil para sus objetivos.

Sólo hay un obstáculo: aunque el ICO no es un banco sí está bajo la supervisión del BCE. Es decir, el Instituto de Crédito Oficial no puede prestar dinero a discreción, para lo quiera y sin ningún control, y esto, al parecer, no es del agrado de Iglesias. El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 quiere tener vía libre para financiar lo que considere oportuno y sin tener en cuenta la devolución de esos créditos blandos ya que, a fin de cuentas, el dinero público no es de nadie.

La postura del BCE, sin embargo, es tajante. No puede permitir un ICO sin control porque desde Fráncfort no sólo vigilan que los bancos no caigan, sino que no se caiga el sistema financiero en su conjunto. Y un ICO en manos de los comunistas de Podemos puede hacer estragos.

Sea como fuere, la batalla del ICO la ha ganado Iglesias y la ha perdido Calviño. “Estamos trabajando en el refuerzo de la arquitectura financiera del Estado en torno al Instituto de Crédito Oficial, con el objetivo de apalancar desde el sector público la inversión necesaria para abordar con éxito nuestros objetivos en materia de transición ecológica o transformación digital”, anunció Calviño en la Comisión de Economía del Congreso, en febrero.

Dicho de otra manera, el Gobierno reformará el ICO para que se asemeje más a un banco público que a uno privado, como sucede actualmente. Tendrá enfrente al BCE, que no está dispuesto a que el Gobierno de Pedro y Pablo utilice el ICO como vía alternativa para aumentar el déficit público.