La empresa pública Barcelona Serveis Municipals (B:SM) aplicará dos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectarán a 973 de los 1.338 empleados que tiene la compañía. Las razones de estos expedientes son dos: por un lado, un ERTE se aplicará por razones de causa mayor, es decir, derivado de la entrada en vigor del estado de alarma por el Covid-19. El otro es por causas productivas. En un caso, se debe a que algunas de las instalaciones que gestiona B:SM han tenido que cerrarse al público y, por tanto, no generan ingresos. En el otro, se producen cambios en la demanda y la actividad baja de modo importante.

Y la alcaldesa, Ada Colau, ha decidido que la mejor manera de solucionar la situación es aplicar ese ERTE... con cargo a la seguridad social y no al presupuesto municipal, of course.  Es decir, como si el ayuntamiento de Barcelona fuera una empresa privada -que es precisamente a las que el Estado propone apoyar economicamente pagando un porcentaje de la nómina de los trabajadores, si aplican los ERTES, precisamente, para que los empleados no sean despedidos-. No sabes nada, Ada Colau.