Hispanidad ya informó en julio de que la OMC elaboraba en secreto un nuevo Código Deontológico

 

El personal sanitario denuncia la vulneración de sus garantías ciudadanas por parte de la OMC en la elaboración del nuevo Código Deontológico. El nuevo Código les obliga a realizar "labores informativas y administrativas para que un aborto se lleve a cabo".

La Oficina del Defensor del Sanitario (ODS) va a denunciar ante el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que consideran un "abuso de poder" por parte de las Organización de Colegios Oficiales de Médicos (OMC) y de cada uno de los 52 Colegios de Médicos de España en la elaboración de las modificaciones en el Código Deontológico de la profesión.

Como informó Hispanidad, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, trabajó en secreto para aprobar a espaldas de los médicos – el colectivo más mayoritariamente provida- un nuevo Código Deontológico que les coaccionase a la hora de oponerse a realizar abortos.

Y así fue. El pasado día 9 de Julio, sin dar publicidad del borrador a sus colegiados -como exige la Ley de Procedimientos del Estado y los propios Estatutos de los Colegios de Médicos-, la Organización Médica Colegial -presidida por Juan José Rodríguez Sendín- aprobó en asamblea el nuevo Código Deontológico "en secreto y sin que los presidentes de los colegios de médicos solicitaran el aval de sus colegiados", denuncia la ODS. De esa forma, el nuevo Código se elaboró "siguiendo un procedimiento secretista con limitaciones a su conocimiento por parte de los colegiados". Además, añade la ODS, "los presidentes (de los colegios provinciales) han impedido la participación de los colegiados, al no haberles comunicado fehacientemente a todos y cada uno de ellos la decisión no motivada de cambiar el código". Y en consecuencia, "se ha producido indefensión insuperable de los colegiados al impedirles alegar, y cambiarles sus cometidos, imponiéndoles tareas que no consideran médicas".

Por todo ello, la ODS solicita que "desde el Ministerio que corresponda se inicie de oficio una investigación sobre lo denunciado, y ampare a estos profesionales referidos ante cualquier coacción que pudieran recibir de los Servicios donde trabajan, cuando sean conminados a realizar tareas conducentes a producir intencionadamente abortos o eutanasia".

Y es que, todo parece haber sido preparado para coaccionar al personal sanitario en orden a facilitar la práctica del aborto o de la eutanasia. Como explica Juan Manuel Molina, coordinador de la Oficina del Defensor del Sanitario, en el primer caso, el del aborto, "el nuevo Código obliga (al personal sanitario) a derivar a las peticionarias a clínicas y a realizar todas las labores burocráticas de esa tarea. Prácticamente nos obliga a hacer de secretarios extrajudiciales", "es decir, que sean ellos las personas que elaboran el expediente, y lo derivan hacia un abortorio. Al médico no le obligan a ejecutar abortos, de momento, pero sí les obliga a realizar todas las labores informativas y administrativas para que ese aborto se lleve a cabo".

Y respecto a la eutanasia, "es peor porque el nuevo Código Deontológico dice que toda actividad que sea lícita es una buena praxis deontológica y no es repudiable deontológicamente. El Artículo 7.2 dice que ningún médico podrá ser condenado por llevar a cabo una actividad que sea lícita. Desde el momento en que hay una ley, como la andaluza, de muerte digna, esta actividad se vuelve lícita. Entonces los médicos no tienen defensa alguna para decir que 'ese no es mi oficio'", explica Molina.  

Y prosigue con otro ejemplo: la OMC "ha tratado de adaptar los códigos deontológicos a las leyes positivas de cada momento. Lo que quiere decir que si pasado mañana se legalizase la pena de muerte en España, serían los médicos militares quienes la aplicasen".  

"El Código es un documento legal, tiene carácter de ley y se tiene que elaborar con participación de todos los interesados cuando sus modificaciones no consisten en un cambio de redacción sino en un cambio de contenido en el cual a los médicos les cambian las obligaciones, los deberes y las libertades. En ese caso, el cambio se tiene que hacer con la anuencia de los propios colegiados y no una camarilla de señores imponiéndoselo a toda la colectividad", concluye Molina.  

José Ángel Gutiérrez

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