La Junta de Andalucía tiene, para el socialismo español y para la izquierda más radical, la función de abrir la brecha social y colocarse en la posición de avanzadilla del principal partido de la oposición.
La aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz del decreto-ley sobre la función social de la vivienda, en el que se prevé expropiar temporalmente las casas de las familias que vayan a ser desahuciadas, y la imposición de una multa de nueve mil euros a los bancos y a las inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías, coloca el derecho a la propiedad privada en una situación de inseguridad jurídica, al tiempo que la credibilidad de España cae hasta mínimos.
Medidas de esta naturaleza, que proceden de la demagogia, ponen a la sociedad en una situación de inestabilidad nada recomendable.
No es éste el camino para responder al drama social de los desahucios, que se ha desarrollado durante el gobierno de Zapatero sin que se tomase una medida ni se produjese una sola protesta.
La Consejera de vivienda andaluza, que ha apoyado el acoso al que están sometidos los políticos del PP, está incitando al Estado para que tome medias que no debieran contemplarse en un normal desarrollo legislativo, como puede ser el caso de retirar las competencias de las autonomías en esta materia.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante la alarma social que ha creado esta medida, debe activar todos los mecanismos del Estado de Derecho para frenar este disparate político y jurídico.
Xus Domingo Madrid
