Desde Hispanidad hemos alertado en numerosas ocasiones de la creciente y peligrosa moda de los vientres de alquiler. Debemos recordar que la ONU ya ha dejado claro que su objetivo es que la gestación subrogada también tiene que ser un derecho. Debe considerarse parte de la “planificación familiar integral” y, potencialmente, como un derecho humano.
El informe de la ONU señala la subrogación, junto con la adopción y el acogimiento, como una forma de que los servicios puedan “adaptarse a diferentes sexos, géneros... orientaciones y expresiones sexuales”, entre otras categorías. También dice que "el apoyo financiero para tratamientos de fertilidad, maternidad subrogada, adopción y congelación de óvulos puede ampliar las opciones de las mujeres y ayudarlas a prosperar en el lugar de trabajo".
Y habla de la “justicia reproductiva”, cuyos tres valores fundamentales incluyen: “el derecho a tener un hijo, el derecho a no tener un hijo y el derecho a criar a un niño o niños en entornos seguros y saludables”.
Si miramos en España la cosa no pinta mejor. La UNED, universidad pública, ha organizo cursos sobre vientres de alquiler. El año pasado ya los puso en marcha, y este año repite.
No, @UNEDMadrid, no regulamos una práctica que es explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres y trata de menores.
— Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) June 19, 2025
Tampoco hacemos publicidad de esa práctica, como prohibe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,… https://t.co/UehCwLBHkh
"En los últimos años, la tendencia legislativa en el mundo respecto a la gestación por sustitución (surrogacy), como TRHA, es hacia su autorización y no hacia su prohibición. Con ello, los legisladores nacionales pretenden resolver los problemas de infertilidad y/o esterilidad de sus ciudadanos, respetando, con ello, la igualdad de género de las personas que quieren conformar su familia", publicitan en su web.
Algo curioso puesto que tal y como publicamos en Hispanidad, la Sala Civil del Tribunal Supremo, máximo órgano del Poder Judicial en España, reiteró su rechazo al alquiler de vientres, y advirtió que esta práctica reduce tanto a las madres como a los bebés a “meros objetos”. Además, y al igual que ocurre con la fecundación in vitro (FIV), recordaba el Supremo que una persona tiene derecho a conocer sus orígenes.
Esta práctica constituye otro "avance progresista" que, como tantas otras iniciativas de vanguardia, supone un atentado contra la ley natural, es decir, una violación de la naturaleza: esa es la realidad de los vientres de alquiler.
