Hace unas semanas se aprobó la Ley de Vivienda comunista, una norma cuyos principales beneficiados son los okupas. Pero ya saben, para Podemos la okupación es un bulo, es más, para la portavoz adjunta socialista, Isaura Leal: "no es un problema que genere temor a los españoles".

Pues bien, si en Hispanidad contamos el drama de Paqui, que tuvo que acampar enfrente de su casa para que los okupas se fueran, hoy recogemos dos nuevos casos. Del primero se hace eco ABC: es la historia de Loli Andrés, una vecina de Sestao (Vizcaya), que ha decidido acampar frente a su casa con una mesa y una pancarta: "okupak kanpora" (fuera okupas). 

El piso es de su prima de 83 años y gravemente enferma. Ésta lo tenía alquilado a tres jóvenes. En marzo les comunicó que no renovaría el contrato, dos de los chicos se marcharon en julio, pero el tercero decidió quedarse y no pagar: "Ni paga, ni se va", asegura Loli, que afirma que la deuda ya va por unos 6.000 euros. 

Loli necesita vender con urgencia el piso para pagar la residencia de su prima, cuya salud se ha visto empeorada por la presencia de los okupas: "Ha pasado de ser una persona plenamente válida a totalmente dependiente", explica Loli, que asegura que su prima ha desarrollado un síndrome ansioso depresivo: "Sólo en el mes de diciembre tuvo más de diez ingresos". 

Loli denuncia que cobra una pensión de 800 euros y tiene a su cargo a dos menores, uno de ellos discapacitado, por lo que no le queda dinero suficiente para afrontar los gastos de la residencia: "No hay justicia", lamenta. 

La desesperación y los retrasos judiciales han hecho que Loli no se mueva del portal: "No me pienso mover hasta que no le vea salir". El inquiokupa no da señales, ha recibido varias notificaciones: "Los municipales han estado un rato aporreando la puerta pero no ha habido manera", pero la presión ha hecho que el juez señale juicio para el 16 de mayo, si el okupa no se presenta, el desahucio podría darse dentro de dos meses, pero si se acoge a la Justicia gratuita o se declara vulnerable, el trámite podría retrasarse, a lo que hay que sumar la huelga de la administración de Justicia, que también podría alargar el proceso: "Solo espero que mi prima no se vaya antes que él". 

En el segundo caso, es la propia afectada, Susy Martí, la que lo cuenta en redes sociales. Tiene 64 años, está jubilada y cobra pensión de viudedad de 627 euros. Susy decidió irse a vivir con su padre a un apartamento en la playa para poner en alquiler su piso en Alfafar (Valencia) y así tener un complemento a su pensión: "Mi madre acababa de morir y tuve que hacerme cargo de mi padre. Nos fuimos al apartamento porque él estaba más a gusto allí por un tema de movilidad, ya que tenía rampa para minusválidos y mi piso era un tercero sin ascensor". 

Pero la inquilina que alquiló su piso dejó de pagarla renta de 480 euros mensuales: "Esa persona entró con un contrato de alquiler con un señor y estuvieron pagando durante un año, un poco mal y tarde, pero iban pagando hasta que en marzo de 2021 dijeron que ya no pagaban más y así seguimos hasta la fecha. El señor al final se desvinculó y se fue del piso, así que ahora ella está viviendo sola en mi casa".

Susy tenía un seguro frente al impago del alquiler que se hizo cargo durante un año, pero desde entonces no ha cobrado y la deuda ya va por 13.000 euros: "Yo pensaba, ingenua de mí, que en un año podría recuperar mi vivienda y que a mi inquilina le darían una alternativa habitacional, pero estamos igual que al principio".

"Yo no soy ningún gran propietario ni nada por el estilo, solo tengo un piso y un apartamento en la playa, como mucha gente de este país. Ese alquiler era para completar mi pensión de 627 euros y todo esto ya está afectando a mi salud física y psicológica, tengo que tomar ansiolíticos".

En mayo de 2021 se programó un desahucio, pero su inquilina fue declarada vulnerable y se paralizó el lanzamiento: "Ella tiene una discapacidad del 91%, pero vive sola en mi casa que es un tercero sin ascensor y sube las escaleras. Ni siquiera ha pedido ayuda asistencial a los Servicios Sociales. Además, conduce y sale a la calle todos los días. Yo no voy en contra de los médicos ni de quien le haya dado ese grado de discapacidad, pero me sorprende muchísimo".

"Tengo a una persona metida en mi casa desde hace 27 meses sin ninguna intención de irse hasta que haya una orden judicial y ya no puedo más, yo también soy vulnerable y no puedo con tanto gasto".

"El Gobierno sacó una norma muy bonita que obliga a los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento a poner a disposición del inquilino vulnerable una vivienda o a hacerse cargo de su alquiler, pero como en España somos un país pobre y hacemos las cosas como las hacemos, lo que ocurre es que en el 95% de los casos en los que se declara la vulnerabilidad de los inquilinos, quien se hace cargo de ellos es el propietario y no la administración", ha explicado su abogado Vicente.

"Al final el inquilino sigue viviendo en la vivienda sin pagar nada, ni luz ni agua ni nada, porque todo lo cubre el arrendador. Hasta que los Servicios Sociales no se hagan cargo del asunto, no podemos hacer nada".

Según Susy los Servicios Sociales "no han hecho nada en todo este tiempo" hasta que "hace dos o tres semanas" le aseguraron que habían encontrado una alternativa habitacional para su okupa: "En Servicios Sociales me dicen que no pueden ponerse en contacto con ella porque no les coge el teléfono".

"Ella dice que no se va de ahí hasta que le llegue una orden judicial. El que vivía con ella le paga la luz, porque no se la puede cortar, y a mí no me paga el alquiler, así que todo lo que cobra es limpio para hacer lo que quiera. Y tiene una pensión parecida a la mía", asegura Susy.

“Yo tengo que vivir solo con esa pensión y sin poder ayudar a mis hijas. Y encima, pagando también gastos de IBI, de comunidad… todos los gastos que ocasiona una vivienda, que yo no puedo dejar de pagarlos, porque a mí si que me embargan. Entonces, esta situación es desesperante, de verdad, es desesperante esta situación ya”,

Vicente cuenta que hace unos meses pidieron que Susy fuera declarada persona vulnerable, pero no han recibido respuesta: "A su inquilina sí que le otorgaron la vulnerabilidad enseguida, pero nosotros llevamos ya varios meses esperando".