Es verdad que el Gobierno Sánchez está dejando que el Valle de los Caídos se caiga a pedazos. Es cierto que no está pagando a los benedictinos de la Abadía el dinero acordado tanto para el sostenimiento de la Escolanía como de otras dependencias de Cuelgamuros, así como para su propia subsistencia, algo a lo que está obligado. Es cierto que el gobierno cierra locales y actividades del Valle y hasta ha dejado que incluso las estatuas vayan royéndose. Todo eso es cierto. Ahora bien también lo es que la comunidad de Madrid se ha negado a otorgar al Valle la categoría de bien de interés cultural. Si lo hubiera hecho se le habría permitido a esa Comunidad salvar lo que Moncloa está dejando morir. Por esa razón, resulta un poquito hipócrita que el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de Isabel Díaz Ayuso, el señor Mariano de Paco, acuse al gobierno de esta falta de conservación, bajo la misma excusa que aporta el ejecutivo: Cuelgamuros es propiedad de patrimonio nacional. Sí que lo es, de una propiedad trufada por las competencias de otras instancias, así como por los acuerdos entre los estados soberanos de España y la Santa Sede. Suspenso para Sánchez y suspenso para Ayuso.