El Tribunal Supremo no suspenderá cautelarmente la regularización de inmigrantes y tampoco llevará la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza así la petición efectuada por las comunidades autónomas de Aragón y Valencia, que han recurrido ante el alto tribunal el decreto que avaló la medida, en aplicación de la cual casi 1,2 millones de extranjeros han tramitado ya su permiso de residencia.
Aragón y Valencia cuestionaron la adecuación del decreto al Pacto de Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024 y a la normativa comunitaria que lo desarrolla. Y a este respecto incidían en que la iniciativa no implica un reconocimiento individualizado de los permisos de residencia, sino que avala un régimen general normativo para todos los extranjeros que se encontrasen en nuestro país de forma irregular.
El Supremo no ve motivos el Supremo para elevar a la corte de Luxemburgo supuestas dudas sobre la adecuación de la regularización a la normativa europea sobre inmigración, pues una vez se decidió no suspender la iniciativa de forma cautelar "no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal".
